Responsables de las cuatro comunidad autónomas que utilizan el sistema de gestión procesal Avantius --Aragón, Navarra, Cantabria y País Vasco-- se han reunido, este miércoles, en Zaragoza, con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para incorporar mejoras e intercambiar opiniones con la finalidad de perfeccionar este sistema y «facilitar el trabajo y acceso de todos los operadores».
Así lo ha explicado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, antes de la reunión, quien ha esgrimido que la Fiscalía es «parte fundamental» dentro del ecosistema judicial y quieren conocer «su percepción y visión», así como dónde se puede actuar en el ámbito de competencias de las comunidades autónomas.
La cita ha congregado también al consejero navarro de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, y al director general de Justicia cántabro, Pablo Ortiz, así como a su homóloga en el Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez.
En el encuentro se han analizado los proyectos comunes que involucran a la Fiscalía General del Estado y a las Fiscalías Superiores de las comunidades autónomas usuarias de este sistema de gestión procesal.
Mayte Pérez ha señalado la oportunidad de «analizar los desafíos comunes y buscar sinergias entre las comunidades autónomas» con objetivos similares, como sucede con la comunidad Avantius. «Buscamos intercambiar información para testar de primera mano cuáles son las mejoras que podemos aplicar en un servicio esencial para la ciudadanía como el sistema de gestión procesal», ha añadido.
«El objetivo fundamental es ser más eficaces y mejorar este servicio esencial a la ciudadanía», para sostener que la digitalización de la Justicia permite facilitar el acceso a la misma de la sociedad y el trabajo de todos los operadores.
Ha comentado, al respecto, que en Aragón, gracias a que el cien por cien de letrados, jueces y fiscales disponen de un ordenador portátil, durante la pandemia, «nuestro sistema no se paralizó en la misma medida que lo pudo hacer» en sitios donde no estaba tan avanzando este proceso de digitalización.
Avantius
La comunidad Avantius está formada por más de 450 juzgados, fiscalías e institutos de medicina legal y presta servicio a más de 70.000 profesionales. Asimismo, alcanza a 6.000 funcionarios, que lo utilizan en el día a día de sus relaciones con la Administración de Justicia.
Se trata de un sistema que facilita un expediente íntegramente electrónico, que permite el teletrabajo, sin merma de accesibilidad alguna, y que demostró durante la pandemia de la COVID-19 el acierto de su implantación en Aragón, como antes lo había hecho Cantabria y en su comunidad autónoma de origen, Navarra. Este año, la familia Avantius se ha ampliado con la incorporación del País Vasco.
La consejera ha comentado que con la comunidad Avantius se han compartido también inversiones en digitalización y tecnología, con los fondos europeos MRR. En concreto, que han recibido en conjunto unos diez millones de euros, de los que 3,5 corresponden a Aragón.
Pérez ha subrayado que, en todo lo que tiene que ver con los fondos europeos, «estamos muy orgullosos del nivel de eficacia y de agilidad que se está imprimiendo aquí, en Aragón».
En total, esta comunidad autónoma ha recibido 12,4 millones de euros de Fondos Next Generation en el ámbito de la Justicia, que se están destinado a proyectos como la digitalización de los Registros Civiles, en fase de finalización, y a otros en ejecución, como el proyecto de ciberseguridad, además de todo lo relacionado con la comunidad Avantius.
Fiscal general
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sostenido que lo digital «es un reto para todos» y la pandemia «nos ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de acceder a los nuevos mundos digitales».
Ha constatado que la reunión tiene por objeto acomodar instituciones, como es el caso de la Fiscalía, «que es una institución central en la organización del Estado, que abarca todos los territorios» y en el caso de su relación con las comunidades autónomas con el sistema Avantius ha dicho que se trata de ver «hacia donde vamos, qué necesita la Fiscalía y cómo podemos hacer un mejor servicio público de Justicia entre todos» y «aprovechar esta oportunidad que nos dan también los fondos europeos».
Ha manifestado que existen otros sistemas operativos de gestión procesal en el Estado por lo que es precisa una interoperatividad, para estimar que esto también puede contribuir a «tener el mejor servicio».
Nueva oficina fiscal
Por otra parte, la titular de Presidencia ha recordado que este miércoles entra en funcionamiento la Nueva Oficina Fiscal, «tras un trabajo intenso realizado en estas dos legislaturas», cuya finalidad es mejorar el sistema de organización del personal que sirve de soporte y apoyo a la actividad del Ministerio Fiscal.
Con ello, se consigue facilitar el desempeño de los funcionarios de Fiscalía en sus puestos de trabajo, con la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos, lo que supone mayor agilidad en la realización de las funciones propias del órgano.
«Al final, se trata de actualizar al siglo XXI un servicio como es la Justicia», ha apuntado Mayte Pérez, para recordar que ahora se trabaja en la Nueva Oficina Judicial.
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