Un total de 137.346 personas se ha beneficiado en la Comunidad de Madrid del bono social en 2022, lo que supuso una inversión superior a los 70 millones de euros, una ayuda que concede el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y cuyos pagos gestionan las autonomías.
Este bono lo reciben de manera automática todas aquellas personas que ya tienen concedido el bono social eléctrico y, por normativa estatal, es el Ministerio el que transfiere el dinero a las comunidades, que únicamente gestionan los pagos en base a los nombres de los beneficiarios y la cantidad que cada uno debe percibir que transmite el Gobierno central, según han recordado fuentes autonómicas consultadas por Europa Press.
Las familias numerosas son uno de los colectivos que pueden acceder a esta ayuda, lo que ha generado la polémica después de que 'InfoLibre' publicara este miércoles que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad, Enrique Ossorio, figura entre los beneficiarios del bono por esta razón, ante lo que el afectado defendió que se trataba de un hecho «perfectamente ético».
También se conoció poco después que el marido de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea y candidata de esta formación a los comicios autonómicos de mayo, Mónica García, también se benefició de esta ayuda, algo que la que la política --que previamente había pedido la dimisión de Ossorio por el asunto-- reconoció como un «error» y aseguró que estudiaría cómo devolver el dinero.
Asimismo, Unidas Podemos registró en la Asamblea la reprobación del vicepresidente regional, mientras que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que el Gobierno introducirá criterios de renta para las familias numerosas que quieran acogerse al bono social de electricidad, al cual está vinculado el térmico.
Tras este anuncio, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) tachó de «injusto» la introducción de criterios de renta familiar para cobrar el bono social térmico porque «el 70%» de las familias numerosas españolas «lo están pasando mal» y pidió que, si se cambia la regulación, se tenga en cuenta la renta per cápita y, por tanto, el número de hijos.
Abono de las ayudas de 2022
El pasado 8 de marzo, la Comunidad de Madrid aprobó en Consejo de Gobierno el gasto de 70.053.547 euros para abonar el bono social térmico de 2022 a los 137.346 consumidores vulnerables de la región con este derecho reconocido.
Tras haber recibido a mediados de febrero la transferencia del Estado con el presupuesto total, el Gobierno regional comenzó la tramitación de estas ayudas estipuladas para cada caso en una única entrega.
Un real decreto-ley estableció en 2018 el programa de concesión de ayudas directas destinadas a paliar la pobreza energética en personas en riesgo de exclusión, a fin de garantizar la energía necesaria para disponer de calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.
Asimismo, determina los usuarios que pueden beneficiarse y las cantidades en función de su grado de vulnerabilidad y la zona del país donde estén empadronados.
Un recurso ante el Tribunal Constitucional declaró posteriormente contrario a la Carta Magna uno de sus artículos, indicando que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas la identificación de los beneficiarios y el procedimiento para acceder a dicha información.
Para dar cobertura legal a la obligación de las empresas comercializadoras de referencia de facilitar los datos personales de los beneficiarios del bono social térmico, la Comunidad de Madrid aprobó una ley autonómica para proceder a la tramitación y pago de las ayudas en cada ejercicio.
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