Lo ha anunciado el mismo Albiol este miércoles en un vídeocomunicado, en el que critica que la acusación se basa «en unas circunstancias que son imposibles que se hayan podido producir» porque se basan en unas reuniones sobre las antenas en agosto de 2012, cuando estaba de vacaciones y había delegado la alcaldía, según él.
Por eso, ha afirmado que cuando comparezca en el juicio acreditará que en ese momento no ejercía la alcaldía «y quedará todo aclarado».
«No es casualidad que aparezca esta información a dos meses de las elecciones municipales como tampoco no es causal que hace unas semanas el PSC me pusiera una denuncia porque decían que en un acto público, delante de 500 personas, había habido un acto de violencia con una mujer del PSC», ha reprochado Albiol, que ha afirmado que a pesar del procedimiento seguirá centrado en su trabajo en Badalona.
Investigación
Por este caso, la Fiscalía ha pedido condenar a Albiol a dos años y 10 meses de prisión y multarle con 9.500 euros por presunta prevaricación.
El Juzgado de Instrucción 4 de Badalona ha instruido esta causa sobre la instalación de unas antenas de telefonía móvil en verano de 2012, y al terminar la investigación el juez explicó en un auto que ante un problema de falta de cobertura en varias zonas de la ciudad, la telefónica Vodafone pidió al consistorio instalar una base de telefonía móvil, con una antena de 20 metros de altura.
Según constató juez al terminar la investigación, la solicitud se hizo «de manera informal, a través de un correo» del director de Tecnología de la Información del Ayuntamiento, que envió la petición al entonces delegado de la empresa municipal Engestur, también investigado en esta causa.
El magistrado recordó entonces que esa instalación necesitaba una licencia urbanística y afirmó que la base se instaló en una finca a la que, de acuerdo con la calificación que tenía en el Plan General Metropolitano de Barcelona, no se le podía dar este uso.
Se trataba de una finca municipal, situada en las dependencias de la Policía Local de Badalona, por lo que «se exigía la tramitación del preceptivo expediente patrimonial», pero según el juez no se hizo ninguno de los trámites.
Segunda antena
«De forma absolutamente paralela y análoga», en septiembre de 2012 Telefónica instaló una estación de telefonía móvil, según el juez con la autorización verbal de responsables del consistorio y presuntamente también sin la licencia necesaria.
Las dos bases se instalaron de manera provisional y funcionaron hasta 2018, cuando las propias empresas de telefonía las retiraron a petición del consistorio.
El juez instructor constató que el Ayuntamiento no recibió ningún pago por estas instalaciones y que las telefónicas no pagaron ningún cano por usar el espacio público, y señala que la instalación «era abiertamente contraria a la legalidad urbanística y medioambiental vigente en aquel momento».
Según un informe de la Oficina Antifrau que el juez mencionaba en el auto que cerró la investigación, el consistorio dejó de percibir 17.448 de euros por estas instalaciones, y remarcó que las dos infraestructuras se conectaron directamente al suministro eléctrico del cuartel de la Guardia Urbana aunque no ha esclarecido cómo y quién lo hizo.
Quejas de sindicatos de la urbana
Agentes y sindicatos de la Policía Local se quejaron de las instalaciones ante el investigado y entonces concejal de seguridad ciudadana y participación, que «era perfectamente conocedor de la ilegalidad de las instalaciones, ocultó dicha circunstancia a los responsables» del sindicato policial y les aseguró que eran legales.
Los sindicatos de la Urbana también presentaron quejas ante Albiol, por escrito y con una reunión presencial, pero no hizo «gestión alguna, aún informal, en relación a las solicitudes de información y retirada de las referidas antenas de telefonía», a pesar de tener competencias para conceder licencias y abrir expedientes de disciplina urbanística.
El juez cree que Albiol no ejerció estas competencias, y que tampoco lo hizo el entonces gerente del ámbito de territorio, «a pesar de que, o bien autorizó informalmente la instalación, o bien conoció la misma con posterioridad sin ejercer actuaciones formales o informales para poner fin a su existencia».
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