Mientras el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha manifestado en el Parlamento que la reapertura de la mina está ya «a expensas del informe de admisibilidad del vertido al dominio público marítimo y terrestre», Ecologistas ha recordado que la Audiencia de Sevilla tiene fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, donde participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.
El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.
Minorbis y grupo méxico
Según Ecologistas en Acción, que ejerce como acusación popular en la causa, la Junta de Andalucía adjudicó los derechos de explotación del recinto a la empresa Minorbis, «recién creada por los hermanos López Magdaleno, dueños de Magtel, con un capital social de 3.000 euros y sin ninguna experiencia en proyectos mineros», mientras Grupo México, «sin presentarse al concurso, prestó aval económico y técnico a Minorbis para que ésta obtuviera la adjudicación del concurso».
Para el colectivo, «los hermanos López Magdaleno actuaron realmente como conseguidores para Grupo México, usando su buenas relaciones con la Administración socialista». «Entre los inculpados se encuentran el entonces secretario general de Energía y Minas, Vicente Fernández Guerrero, la entonces directora general de Minas, María José Asencio Coto y los altos cargos Iván Maldonado Vidal y Salvador Camacho Lucena», recuerda Ecologistas.
De este modo, mientras el consejero Paradela ha destacado que el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar es de «singular relevancia» al llevar aparejada una inversión de «316 millones de euros y 2.000 empleos directos o indirectos», el colectivo critica que la Junta de Andalucía vislumbre la reapertura de la corta minera, pese al citado juicio por lo Penal.
El vertido
Entre las autorizaciones previstas, según precisa Ecologistas en Acción, «se encuentra la autorización ambiental Unificada, que plantea un vertido tóxico al Guadalquivir, justo enfrente del Estadio de la Cartuja, de 14 millones de metros cúbicos inicialmente, para vaciar la corta de Los Frailes en año y medio; y varios millones anuales durante los 17 años de posterior explotaciónm con contenido en arsénico, plomo, cobre, mercurio, cinc o cadmio».
Además, ha alertado de que una sentencia condenatoria «propiciaría unas importantes sumas en concepto de responsabilidad patrimonial para esa empresa en el caso de que finalmente esos derechos mineros fueran anulados legalmente». «En ese caso, Ecologistas en Acción no dudará en iniciar las acciones legales necesarias para repercutir esa responsabilidad patrimonial hacia los altos cargos y funcionarios que ahora propicien el otorgamiento de autorizaciones ambientales y mineras a una empresa bajo sospecha de corrupción», avisa.
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