Dicha normativa, que reconoce a los estudiantes el derecho al paro académico e impide a los colegios mayores adscritos a universidades públicas segregar por sexo, ha entrado en vigor este miércoles 12 de abril, 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Preguntado por esta ley, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el titular de Educación ha indicado que no les parece que la LOSU sea «favorable al sistema universitario madrileño ni español».
En este punto, ha recordado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han anunciado que estudiarán si puede haber aspectos que pudieran haber incurrido en inconstitucionalidad, como podría ser «el tema de la financiación». Ossorio ha recordado que esta normativa ha dado lugar a «protestas» de autonomías, rectores y catedráticos.
«Es una ley contradictoria porque, por una parte, desregula el sistema, haciendo que haya cincuenta sistema universitarios en España, tantos como universidades públicas hay, y, por otro, coarta en algunos extremos la autonomía», ha declarado.
Así, ha hecho hincapié en que un problema «evidente» que provoca es «la ruptura del sistema universitario único español, como consecuencia de los socios que en el Congreso han hecho enmiendas y han apoyado esta ley». Considera que España pierde «cohesión como país» y genera que estudiantes vayan a «diversas velocidades» en función de dónde estudien.
Por otra parte, ha criticado que se «desprestigia» la figura del profesor asociado. «Consistía en que personas relevantes de cualquier sector de la sociedad pudieran una parte de su tiempo reducida dedicarlo a la universidad, con el enriquecimiento que eso produce para los alumnos. Esta figura no se ha sabido entender desde la LOSU. Va a expulsar a personas de valía, con experiencia, que podían aportar su conocimiento», ha trasladado.
Asimismo, ha considerado que es una normativa que «compromete la eficacia de las universidades y su relación con la sociedad». Piensan que es «perjudicial para la calidad de las universidades», porque «no avanza en gobernanza ni en internacionalización» sino por el contrario desea «llenar de ideología los campus».
En cuanto al tema financiero, y el coste que puede tener para las universidades madrileñas, ha desgranado que el proceso de estabilización de los profesores asociados, «como comporta una reducción del número de horas de docencia de 180 a 120», obligará a que para cubrir las horas de estos 6.177 docentes se necesiten 9.200. Esto costaría a las universidades madrileñas 41 millones de euros.
Por otra parte, ha sostenido que el hecho de que el profesor asociado que tenga doctorado pasa automáticamente a ser profesor adjunto doctor tiene «un coste adicional de 44,6 millones de euros».
«Por más que la Comunidad de Madrid en el proceso de diálogo sobre esta ley con el Ministerio intentó que pusieran sobre la mesa dinero para que las universidades y las comunidades autónomas pudiéramos atender a estos gastos, no hemos conseguido absolutamente nada y esta es la situación», ha zanjado.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.