El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto de manifiesto el alto porcentaje de juicios y vistas que se suspendieron el año pasado en la comunidad andaluza, que en la jurisdicción social llegaron a ser más de la mitad de los señalados, y ha alertado de la «grave disfunción» que esto supone pues el hueco que estaba previsto para ese día no puede cubrirse con la inclusión de otro juicio, con el consiguiente perjuicio para la buena marcha de la justicia.
En cifras globales en Andalucía se suspenden el 30 por ciento de las vistas y juicios que se señalan, oscilando entre la jurisdicción penal, con un 24 por ciento de suspensiones, y la social, que continúa siendo la que más juicios suspende y es la única que ha aumentado las cifras, llegando a suspenderse un 54 por ciento de los juicios señalados durante 2022, según se desprende de la memoria anual del TSJA, consultada por Europa Press.
Aparte de esto, en 2023 habrá que evaluar el impacto de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, que según expuso la semana pasada durante la presentación de la memoria el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha tenido una «importante repercusión» en los órganos judiciales andaluces con suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales.
La estadística al respecto aflora más de 30.000 actuaciones procesales de todo tipo suspendidas durante el tiempo de huelga en el ámbito territorial del TSJA, incluyendo señalamientos de vistas o declaraciones, procedimientos pendientes de reparto, firma o notificaciones, diligencias fuera de sede, etc, y hará necesario adoptar medidas de cara a la regularización de la situación generada por este paro, que se prolongó durante más de un mes.
Además, a juicio del TSJA, este asunto ha puesto en evidencia la existencia de «una disfunción clara entre la realidad y la legalidad, al tiempo que el reparto funcional en los órganos judiciales no responde plenamente a las necesidades de una administración moderna, potenciando la necesidad de valorar una correcta reordenación de funciones».
Volviendo a los datos del pasado año, en Almería, el porcentaje de suspensiones ha aumentado algo con respecto al año anterior, situándose en un 35 por ciento. Esta provincia cuenta con el mayor porcentaje de suspensiones en materia social y civil. En Granada, donde el grado de suspensiones global se encuentra en un 28 por ciento, el año pasado aumentó ligeramente en las jurisdicciones Civil, Penal y Social. En Málaga, todas las jurisdicciones han registrado un aumento de suspensiones, excepto la civil, y las suspensiones suponen en global un 34 por ciento. Junto a Almería, es la provincia con mayor porcentaje de suspensiones sociales.
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