El responsable del hacinamiento de cadáveres en la UCM se libra de la cárcel al pactar con la Fiscalía

El acuerdo de conformidad, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha materializado esta mañana en una vista celebrada en los Juzgados de lo Penal de Madrid, en cuyo banquillo se ha sentado Mérida por las condiciones infrahumanas de las instalaciones con motivo del hacinamiento de cadáveres.

Conforme al acuerdo cerrado entre su defensa, el fiscal y la acusación particular, acepta una condena de tres meses de prisión por un delito contra los trabajadores y otros tres meses por cada cinco delitos de los que se le acusa contra la integridad moral. Además, se le inhabilita para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio del cargo de director de Departamento durante el tiempo de la condena.

De igual modo, se le impone una multa de 3 meses con una cuota diaria de 10 euros, con la responsabilidad. Respecto de las penas de prisión, el fiscal no se opone a la suspensión condicionada al pago de las cantidades antedichas y a no delinquir durante un plazo de dos años.

En concreto, el fiscal solicitan inicialmente tres por un delito contra la salud de los trabajadores y uno por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral. La acusación particular, que ejerce el abogado José Luis Vegas en nombre de los afectados, elevaba su petición a 21 años de cárcel y 264.000 euros de indemnización.

Trabajo en condiciones insalubres

Según el relato del fiscal, el médico obligó a los trabajadores durante años a prestar sus servicios «en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas».

A raíz de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenara en 2014 la paralización de todos los trabajos, al depurarse las responsabilidades por parte del rectorado de la Universidad se extrajeron del sótano 534 cadáveres.

El escrito de acusación denuncia el modo en que Mérida sometió a los trabajadores «a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral».

Y ello porque durante años desatendió «sistemáticamente» las «justas» demandas de los trabajadores «al tiempo que les culpabilizaba y recriminaba por la situación de desbordamiento que él provocaba, sin proveer ninguna solución».

Una de sus quejas fue la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales «hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción».

Mérida, gracias a su cargo, era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio.

«El miedo a la pérdida del empleo, el empeoramiento de su condición física y mental, la imposibilidad de mantener el orden en su puesto de trabajo por desbordamiento del entorno laboral, la falta de respeto y valoración de las tareas que realizaban en condiciones vejatorias, sumió a los trabajadores en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad que les rodeaba, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que, de modo objetivo, constituía una violación permanente a su dignidad como seres humanos», denuncia la Fiscalía.

Así, el acusado ordenaba a los técnicos los trabajos que debían realizar o les encomendaba tareas de limpieza y desinfección del material quirúrgico, mesas y superficies.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostiene que las características del centro de trabajo y las circunstancias en las que el acusado dirigía la actividad laboral de los técnicos «determinaba la creación de un grave riesgo para la salud, integridad física y mental de los trabajadores».

Tales circunstancias eran conocidas por Mérida «así como los riesgos derivados de las mismas por su condición de médico y Director del Departamento de Anatomía». Por ejemplo, los técnicos trabajaban en un sótano «que carecía de ventilación adecuada» por lo que todos los estaban expuestos a la inhalación de gases.

Incluso la Fiscalía advierte de que no existía «ningún cerramiento especial que impidiera que los vapores de dicha sustancia estuvieran concentrados y no se extendieran por las diversas salas y pasillos o de que utilizaran a diario diversos productos químicos potencialmente cancerígenos».

Respecto a la cámara frigorífica donde se conservaban gran número de cadáveres, cuando se averió el acusado ordenó a los técnicos que extrajeran de ella entre 40 y 50 cuerpos y que los dejaran en una sala para ser incinerados.

«Sin embargo, al no poderse proceder a la cremación de los cuerpos por su elevado número, se quedaron en dicha sala en proceso de deterioro o pudrición», añade la Fiscalía.

Incumplimiento de normativa

Para solventar el problema, Mérida ordenó instalar otro motor «pero también era insuficiente y formaba capas de hielo sobre los cadáveres que debían extraerse unos cuatro o cinco días antes de su uso y, después de él, se volvían a introducir en la cámara en proceso de descomposición».

Las instalaciones, según se recoge en el escrito de acusación, no cumplían la normativa reglamentaria de lugares de trabajo ya que «los trabajadores no disponían de duchas, aseos adecuados, vestuarios ni taquillas individuales».

Tampoco el uso docente que hacía con los cadáveres era el más adecuado porque los cuerpos accedían al sótano sin protocolo de actuación, sin identificación y sin referencia a su origen o padecimiento de enfermedades infecto-contagiosas.

«Esta falta de control sanitario de acceso de cuerpos --explica la Fiscalía-- determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y/o parasitarios, que se agravaban por la falta de un adecuado control sobre la salud de los técnicos».

Pero es que, además, los trabajadores usaban ropa inadecuada para realizar sus tareas y la condiciones de higienes era «deficientes». Tan es así que en enero de 2014 comenzaron a aparecer larvas, gusanos e insectos.

El escrito de acusación pone también de manifiesto que los técnicos desempeñaban sus funciones en presencia «permanente» de un fuerte hedor a putrefacción, que manejaban manualmente y «de modo repetitivo» cargas cuyo peso oscilaba entre 70 y 120 kilos o que se les ordenaba «introducir los cuerpos en tinas de metro y medio de profundidad y extraerlos desde el fondo para su utilización o destrucción».