La Junta propone convocar anualmente la evaluación de los complementos autonómicos del profesorado universitario

La Junta ha hecho esta aclaración este martes en una nota de prensa al convocar los sindicatos CCOO, UGT y CSIF «asambleas-concentraciones» --24, 25 y 31 de mayo-- en las sedes de los Rectorados de las universidades públicas andaluzas para reclamar la convocatoria del complemento autonómico para el Personal Docente e Investigador (PDI) desde 2019 a 2023 y el pago del 50% del quinto tramo del complemento de productividad desde 2019 a 2023 en el caso del Personal de Administración y Servicios (PAS).

Herrera ha remarcado que la Junta «mantiene como prioridades» en la Mesa Sectorial del Personal de Administración y Servicios (PAS) el diseño de la carrera horizontal y el abono del 50% del quinto tramo, que es también un complemento retributivo asociado a este colectivo. El secretario general de Universidades ha destacado que las líneas de negociación y trabajo con ambos colectivos iniciadas a principios de año en las dos Mesas Sectoriales «van por buen camino, ya que se celebran en un clima de colaboración». Según ha afirmado, «estas reuniones responden al compromiso de la Consejería de avanzar en la mejora y en la estabilización de las condiciones laborales de profesores, investigadores y personal de administración».

En lo que respecta al profesorado y a los investigadores, el complemento autonómico es una remuneración ligada a méritos docentes, investigadores, de transferencia y de gestión que reciben los miembros pertenecientes a este colectivo, sean funcionarios o laborales, con al menos dos años de antigüedad y con contrato a tiempo completo. La Ley Orgánica de Universidades atribuye a las comunidades autónomas su concesión y la norma andaluza recoge esa regulación. Sin embargo, tal y como ha explicado Ramón Herrera, en los últimos veinte años, «tan sólo se han realizado dos convocatorias de este tipo de complementos».

«La primera vez fue en 2008 y la última vez, en 2018, después de más de diez años sin hacerlo, pero no se llegó a resolver por el anterior Ejecutivo socialista, por lo que tuvo que hacerlo en tiempo récord el Gobierno andaluz en la anterior legislatura», ha añadido. Toda esta situación, a su juicio, «ha generado una amplia frustración entre el profesorado que no puede acceder a esas retribuciones que sí tienen sus compañeros». Por eso, ha explicado que, a través de la Mesa Sectorial, se le ha trasladado a los sindicatos y representantes universitarios dos alternativas.

La primera consistiría en realizar una convocatoria idéntica a la que se llevó a cabo en el año 2018, con las mismas características y sin modificar nada. Y la segunda incluiría plantear otro modelo de retribución con alguna modificación, al que puedan acceder nuevas figuras que no se contemplaron en la edición de 2018. «Este sistema simplificaría la evaluación de los méritos, por lo que podría celebrarse cada año», ha apostillado. Para Herrera, se trata de «un auténtico logro por parte de la Junta, ya que nunca en la historia de Andalucía se habían realizado convocatorias anuales para este tipo de complementos». No obstante, ha aclarado que la Consejería está «a la espera de que los sindicatos trasladen su respuesta a las dos opciones ofrecidas». Una vez que se conozca la decisión adoptada, se podrá llevar a cabo la convocatoria de este año 2023.

De acuerdo con el modelo actual, los méritos docentes se evalúan en periodos de cinco años, considerando aspectos como la preparación de material (libros, material específico, tutorías), la actividad (coordinación de asignaturas, dirección de programas de prácticas, dirección de proyectos fin de carrera), la implicación en programas de doctorado y otros criterios como la docencia internacional o la formación recibida (suficiencia investigadora, doctorado). Por su parte, el análisis de los méritos investigadores se realiza en periodos de seis años y atiende a cuestiones como los sexenios obtenidos en este ámbito, la dirección de proyectos de I+D, las patentes logradas, las tesis doctorales dirigidas, las publicaciones realizadas o la participación en proyectos de desarrollo de interés para Andalucía.

La evaluación de los méritos de gestión se lleva a cabo en periodos de cuatro años y tiene en cuenta el desempeño de cargos académicos como rectoría, vicerrectoría, decanato o dirección de departamentos, contratos de I+D, revistas científicas, centros o institutos de investigación. En cuanto al PAS, el secretario general de Universidades ha explicado que se está trabajando en dos líneas. La primera de ellas hace alusión al pago del 50% del quinto tramo, una cuestión pendiente a la que se le quiere dar respuesta desde la Consejería «cuanto antes». «Existe el firme compromiso de desatascarlo», ha apostillado para añadir que, en cuanto se apruebe el modelo de financiación, «se podrá abonar».

La segunda está relacionada con el desarrollo de una carrera horizontal, asociada a un proceso de evaluación del desempeño, lo que daría respuesta a una reivindicación «histórica» por parte de los trabajadores. En este caso, Herrera ha recordado que en las diferentes reuniones celebradas en la Mesa de Negociación se acordó que las universidades debían realizar una evaluación económica del coste que ello implicaría. Según ha aclarado, ya se ha recibido parte de esa información, por lo que el siguiente paso será, «una vez tengamos la documentación completa, trasladarla a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para iniciar una negociación formal sobre este asunto». No obstante, ha indicado que «sería necesario que las universidades y los sindicatos siguiesen avanzando en la evaluación del desempeño, lo que implicará una negociación que establezca en qué condiciones se va a acreditar o se va a valorar el trabajo realizado por este personal».