En su escrito de reclamación por supuesta responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, elaborado por el bufete del abogado Fernando Osuna y recogido por Europa Press, este vecino de Écija expone que tras serle administrada la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 el 23 de septiembre de 2021, comenzó a «sufrir parestesias y pequeñas alteraciones sensitivas con debilidad en ambos brazos»; toda vez que ya en diciembre comenzó a afrontar «alteraciones motoras en las piernas y dolor en la espalda que fueron empeorando hasta» imposibilitarle «por completo la marcha», acudiendo a Urgencias del hospital de Écija el 13 de diciembre de 2021.
Tras ser derivado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla capital, según su escrito, en enero de 2022 le fue diagnosticada una «lesión medular incompleta (...) izquierda de causa médica en probable relación a etiología inflamatoria», asegurando en su escrito que tras permanecer en la Unidad de Lesionados Medulares de dicho centro, Servicio de Neurología del Hospital Virgen del Rocío le diagnosticó «mielitis transversa en relación temporal con la segunda dosis de vacuna con Covid».
Fruto de ello, según detalla en su escrito de reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, este astigitano agrega que «como consecuencia de las lesiones sufridas tras la vacuna por Covid-19» se le ha reconocido desde diciembre de 2022 «un grado de discapacidad del 84 por ciento por resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad».
"relación causal directa"
Incorpora además en su escrito que un informe clínico «hace constar ya de forma expresa cómo la mielitis sufrida tiene relación causal directa con la vacuna por Covid», con lo que aprecia una «responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria por un funcionamiento anormal» de la misma.
Para ello, esgrime una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo emitida en 2012 sobre otro caso y que resuelve que en el mismo, "el recurrente no tenía el deber jurídico de soportar el daño acreditado que experimentó como consecuencia del acto de la vacunación, antigripal en 2002 y que conllevó que el mismo quedase afectado por el síndrome Guillain-Barré, que le provocaría gravísimas alteraciones en el sistema nervioso y un grado de minusvalía del 85 por ciento.
Los gastos adicionales
En su escrito, precisa además que hasta el momento ha gastado 6.75 euros en un tratamiento en el Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral en Sevilla, con desplazamientos diarios de 90 kilómetros para la ida y después para la vuelta, entre Écija y la capital andaluza.
Por eso, en su reclamación por responsabilidad patrimonial, este varón de Écija solicita al Ministerio de Sanidad una indemnización de 935.740 euros «más los intereses legales desde la fecha de la reclamación».
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