Bildarratz ha presentado este miércoles, ante la Comisión de Educación del Parlamento, el proyecto de ley de educación aprobado el 25 de abril por el Gobierno Vasco, que ahora está en periodo de tramitación en la Cámara autonómica.
En su comparecencia, de casi tres horas de duración, el consejero ha lanzado una advertencia en relación a los requisitos que, para seguir recibiendo financiación pública, han de cumplir los centros concertados, algunos de los cuales --especialmente las ikastolas-- han expresado su rechazo al sistema de matriculación diseñado por Educación.
"compromisos y obligaciones"
En este sentido, ha manifestado que el proyecto «regula todo el sistema, siempre subrayando el protagonismo del sistema publico». De esa forma, ha advertido de que «los centros concertados también se financiarán con fondos públicos, en la medida que cumplan los compromisos y obligaciones que la ley establece».
Bildarratz, en respuesta a E-Podemos, ha defendido el «innegable compromiso» que recoge el texto a la hora de definir a la escuela pública como «prioridad». De hecho, ha subrayado que al abordar la situación de las redes pública y concertada, el texto recoge «literalmente» lo establecido en el acuerdo parlamentario del año pasado, algo que --según ha indicado-- también ocurre en el apartado de medidas contra la segregación.
En respuesta a las objeciones del PSE a las cuestiones referidas a las lenguas, ha asegurado que el proyecto contempla «lo mismo» que lo establecido en el pacto educativo «ni más ni menos».
El consejero ha aludido a las dudas surgidas respecto a si la futura ley supondrá o no el final del actual sistema de modelos lingüísticos: 'A' --en castellano--, 'B' --bilingüe-- y 'D' --en euskera--.
"las familias podrán elegir"
Bildarratz ha asegurado que con la nueva ley «las familias van a poder elegir el modelo en el que quieran educar a sus hijos», y que cada centro «va a realizar su propio proyecto lingüístico», siempre dentro de los márgenes establecidos por la normativa.
El proyecto que defina cada centro deberá responder «a la realidad social de su municipio y de su barrio desde el punto de vista sociolingüístico». En todo caso, ha recordado que ley establece un «punto de salida», es decir, un determinado nivel de capacitación lingüística que cada alumno ha de alcanzar en cada una de las dos lenguas oficiales de Euskadi -euskera y castellano-- y en una lengua extranjera.
En este sentido, ha afirmado que los modelos lingüísticos son «un instrumento para conseguir ese perfil de salida». El consejero ha destacado, asimismo, que la entrada en vigor de la nueva ley no «derogara» el sistema de modelos, que seguirán «vigentes jurídicamente».
El consejero ha explicado que el hecho de que cada centro tenga que realizar su propio proyecto lingüístico «dota de flexibilidad y margen» a dichos centros para que, en el marco de su autonomía, puedan aplicar «incluso más allá de los modelos», otras herramientas.
Como ejemplo, ha manifestado que un colegio situado en una zona castellanoparlante con un aula de 'modelo A' «puede decidir diseñar su carga docente al 80% en castellano». No obstante, ha precisado que, al mismo tiempo, dicho centro podría adoptar medidas «para posibilitar un mejor aprendizaje de euskera», como organizar actividades extraescolares en lengua vasca.
"flexibilidad"
«Si damos a los modelos un carácter instrumental y ponemos el foco en los proyectos de autonomía de los centros, y de lengua y en el perfil de salida, podemos romper la rigidez de este debate de los modelos y explicar el tema de una manera más flexible, más enfocada a las necesidades reales de los centros», ha añadido.
Por parte de los grupos, el parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arreste ha reafirmado el compromiso de su grupo por tratar de que sea posible aprobar una nueva ley educativa en esta legislatura. Arrese ha considerado que el proyecto aprobado «recoge las bases principales» del pacto educativo del pasado año, lo que supone un punto de partida «suficiente» para afrontar el trámite parlamentario.
En este sentido, ha señalado que resulta «difícil» de comprender que formaciones que en su día firmaron aquel acuerdo pretendan introducir enmiendas al proyecto que van «más allá» de aportaciones concretas para mejorar lo ya recogido en el documento. Asimismo, ha señalado que el proyecto implica una superación «de facto» del actual sistema de modelos lingüísticos.
"miedos y desconfianzas"
La parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha reconocido que es comprensible que existan «miedos y desconfianzas» por parte de algunos grupos. No obstante, ha afirmado que «no hay más ciego que el que no quiere ver», dado que el proyecto de ley «no se deja nada en el tintero» y «traslada con precisión terrible lo que acordamos en este parlamento».
Por su parte, María Jesús San José (PSE-EE) ha reiterado las «dudas» de su partido respecto a algunos de los contenidos del proyecto. En este sentido, y pese al respaldo inicial otorgado por los consejeros socialistas del Ejecutivo al texto, ha advertido de que para que este apoyo se mantenga en la tramitación del proyecto en el Parlamento, será necesario «revisar» algunos de sus contenidos.
Advertencias del pse
En este sentido, ha reclamado una «clarificación» de la concepción de la escuela pública «como garante del ejercicio efectivo del derecho a la educación» y de los mecanismos destinados a «atajar el problema de segregación escolar». Asimismo, ha advertido de que el PSE «no apoyará ningún marco lingüístico que cree estigmatización, exclusión y regulaciones con parámetros homogéneos para un alumnado con realidades sociolingüísticas diferentes».
La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González ha criticado que el proyecto «difiere bastante» de lo recogido en el pacto educativo alcanzado en abril del año pasado, especialmente porque el documento elaborado por el Gobierno «muestra un escaso nulo compromiso con la escuela pública y con la lucha contra la segregación».
Desde PP+Cs, Jose Manuel Gil ha reprochado a Bildarratz que haya elaborado «el peor proyecto de ley de educación de la historia de Euskadi», con el que --según ha dicho-- «ha dado un paso definitivo en el proceso de poner la educación al servicio de su proyecto político nacionalista».
La única parlamentaria del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que el proyecto incluye medidas de «imposición e intrusismo en la intimidad de los propios alumnos» en materia lingüística.
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