La investigación se inició cuando la Subdelegación de Gobierno de Gipuzkoa alertó de que una persona, de nacionalidad argelina y con residencia en Vitoria-Gasteiz, podría estar realmente residiendo en Francia desde hace varios años.
Según han explicado desde la Delegación del Gobierno en Euskadi, al tener la sospecha de que esta conducta tuviera como finalidad percibir fraudulentamente ayudas sociales, los investigadores del Grupo Operativo de Extranjeros II (GOE) de San Sebastián averiguaron que oficialmente constaba como residente en la capital alavesa y que desde el año 2016 tenía concedido un permiso de residencia de larga duración en España.
Tras activar los mecanismos de coordinación y cooperación internacionales con Francia, también pudieron determinar que, en realidad, residía en el país galo desde el año 2014.
Así, los agentes averiguaron que vivía con su mujer e hijos y que, a pesar de haber obtenido en el 2016 la residencia de larga duración en España, se encontraba trabajando como peluquero en Francia, dónde también había obtenido un permiso de residencia temporal que le servía para percibir prestaciones sociales.
El Servicio Vasco de Empleo - Lanbide se sumó a la investigación aportando información sobre la posibilidad de que el sospechoso estuviera cobrando ayudas de este tipo en el País Vasco. Tras un control y análisis documental se descubrió que había recibido ayudas desde el año 2010 hasta la fecha por valor de 132.000 euros en concepto de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
Desde la Delegación del Gobierno han recordado que para combatir estas conductas, la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión ha recogido recientemente la posibilidad de que los titulares y beneficiarios de la renta de garantía de ingresos sean citados para comparecer personalmente en las oficinas de Lanbide con el fin de comprobar su residencia en Euskadi y el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de esta ley.
Al haber acreditado que el sospechoso reside en Francia desde el año 2014, la cifra económica final que los investigadores estiman que habría defraudado a la Hacienda Pública sería de 90.000 euros, habiendo eludido también otras obligaciones en materia de extranjería, como por ejemplo la obligación de notificar todo cambio de domicilio en España.
Por todo ello, el pasado 29 de mayo, aprovechando una de las «escasísimas» visitas que el investigado hacía a Vitoria, se procedió a su detención, siendo inmediatamente puesto a disposición judicial.
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