Alberto Reyero declara mañana por segunda vez por los protocolos de derivación en residencias

Reyero ya compareció el pasado 23 de marzo ante el juez de Instrucción número 9 de Madrid en el marco de una querella de Mareas de Residencias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y otros exconsejeros madrileños por delitos de homicidio imprudente, omisión del deber del socorro y delito de prevaricación.

Mañana ofrecerá su testimonio al juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, en relación a las muertes que se produjeron por Covid en una residencia privada de Arganzuela. El juez interrogará a lo largo de esta mañana a tres profesionales de este centro de mayores.

Además de Reyero, está citado mañana el exdirector general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, y la exdirectora de Salud Pública Yolanda Ramos, que será la primera vez que comparezca en una causa judicial en relación a los protocolos de derivación de ancianos a hospitales.

El pasado marzo, el exconsejero subrayó que las personas que ocupaban las residencias «quedaron abandonadas a su suerte» durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 por culpa de los protocolos de derivación implementados desde la Administración autonómica.

Según su relato, estas directrices fueron «de exclusión» y en virtud de ellos «se excluía a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad». «Eso impidió que se les atendiera en los hospitales y ocasionó que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones que yo considero indignas», recalcó el exconsejero.

Durante la presentación de su libro 'Murieron de forma indigna', el exconsejero relató ya que en los primeros compases de la pandemia no fue convocado a una reunión el 11 de marzo de 2020 con miembros del Gobierno como Javier Fernández-Lasquetty y Antonio Burgueño, donde se tomaron una serie de medidas, entre ellas la medicalización de residencias.

«Al día siguiente se creó el protocolo. El primer protocolo fue el día 18», señaló. El extitular regional de Políticas Sociales señaló que comprobó los detalles de ese protocolo el 21 de marzo.

«Significaba que las personas con nivel dependencia 2 quedaban excluidas de atención sanitaria. La sensación era de incredulidad. Luego me fui dando cuenta de lo que eso significaba. Esa tarde fue complicada», admitió.

«Las consecuencias de esos protocolos fueron terribles. Nadie merecía morir en estas circunstancias. En el mejor de los casos, les dieron morfina y sedación. Es algo que me duele o que siempre me dolerá», afirmó.

En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 en la Asamblea de Madrid, Mur afirmó que miembros de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales conocían y «participaron desde el principio» en la redacción de los protocolos geriátricos que él firmó y envió a ambos departamentos regionales.