Así se desprende del informe que ha remitido la UCO al Juzgado de Instrucción número 18 de València, en el marco de la pieza principal del conocido como caso Imelsa. Se trata de un informe ampliatorio de las actuaciones relativas al Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas de Césped Artificial.
La Guardia Civil apunta en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que tras estudiar los hechos se deduce que en una fecha muy temprana al desarrollo del Plan de Instalaciones Deportivas, por parte de una sociedad se mantuvo una serie de contactos y reuniones con diferentes miembros de la administración pública que, directa o indirectamente, participaban en la tramitación de los expedientes.
Fruto de estos contactos, se ha constatado cómo las especificaciones técnicas aportadas por esta sociedad fueron trasladadas a las bases técnicas que posteriormente rigieron las diferentes licitaciones, algo que, a juicio policial, podría haber supuesto una limitación a la concurrencia por parte de las empresas que podían servir a los licitadores el césped artificial a instalar.
Con respecto a la confección de los pliegos, se ha evidenciado por parte de la Guardia Civil ciertos paralelismos o similitudes con los que rigieron los procedimientos seguidos en la empresa pública Ciegsa, cuyo gerente en aquel momento era Máximo Caturla. Entre esas similitudes se encuentra la agrupación de las distintas obras en lotes, la limitación de las bajas económicas o el uso de criterios de adjudicación que constituyen criterios de solvencia.
En concreto, en el marco del Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas, promovido por la Diputación de Valencia y gestionado y ejecutado por Imelsa, se produjeron licitaciones en varias fases, en cada una de las cuales se licitaron, además, diferentes lotes. Estos lotes agrupaban, a su vez, un conjunto de obras a ejecutar en diferentes localidades, tratándose de campos de fútbol 11, fútbol 7 o pistas de pádel.
Tres de estos expedientes fueron adjudicados a dos empresas señaladas por Benavent como aquellas que le habrían entregado comisiones con motivo de las adjudicaciones enmarcadas en el Plan.
Además de la construcción y, en algunos casos, la redacción de los diferentes proyectos enmarcados en el Plan, por parte de Imelsa también se licitó la dirección de obra y la coordinación de la seguridad y salud de las mismas.
Precisamente en relación a estas contrataciones, el análisis de la Guardia Civil ha evidenciado la aparente existencia de una serie de servicios que habrían sido facturados y abonados doblemente por Imelsa: concretamente los relacionados con la dirección técnica de las obras de la pista de pádel de Beniarjó, los campos de fútbol 11 de Miramar y Benirredrá y, finalmente, las piscinas cubiertas de Canals y Enguera.
La dirección técnica de las obras habría sido desarrollada de forma efectiva por una empresa pero facturada por otras dos sociedades aparentemente sin haber prestado estos servicios. El importe de las facturas analizadas en este sentido ascienden a 108.785,97 euros.
Coetáneamente, estas dos últimas sociedades efectuaron pagos a la empresa de Benavent, Berceo Mantenimientos, por importe de 79.963,88 euros en el marco de una serie de negocios jurídicos vinculados con su expansión comercial en Polonia y Argelia que se presumen ficticios.
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