La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, Asviamie, ha indicado que asesoró esta mujer, que padecía la enfermedad respiratoria desde hace años, aunque «los médicos no comunicaron sospecha, tal como exige el Real Decreto 1299/2006», para solicitar a Osalan su inscripción en el Listado de Trabajadores expuestos al amianto y reclamó al INSS las prestaciones económicas derivadas a la enfermedad profesional que padece.
Como consecuencia de la resolución, ha pasado de cobrar el SOVI a tener una pensión de 1.170,5 euros, revisable si empeora la enfermedad y con derecho a reclamar daños y perjuicios o indemnización del Fondo de compensación a las víctimas del amianto.
Asviamie ha recordado que otras mujeres trabajaron en Montero «con intensa exposición al amianto, pese a que la Asbestosis, ya estaba reconocida como enfermedad profesional».
Por ello, ha animado a las exempleadas de esta compañía que trabajaron con fibras de amianto a solicitar su inscripción en el Listado de Trabajadoras expuestas al amianto, que gestiona Osalan, para «tener acceso a una vigilancia específica de la capacidad pulmonar, reclamando si procede las prestaciones derivadas a enfermedad profesional y evitar que oculten el origen laboral de esas enfermedades».
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