Archivo - Julio Pérez, quinto por la derecha en la imagen de archivo, en un acto del PP como candidato a la Alcaldía de Maracena | PP DE GRANADA - Archivo

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Los siete votos de los concejales del PP, sumados a los de Vox y Quiero Maracena, con dos ediles cada uno, y el de Conecta 23, han dado este sábado pasado el mediodía el bastón de mando en el Ayuntamiento maracenero, en el área metropolitana de Granada, al popular Julio Pérez, que releva a la socialista Berta Linares, en un pleno que ha levantado gran expectación mediática y vecinal después de que el que era pareja de la hasta ahora regidora fuera detenido tras el secuestro de la ex edil del PSOE Vanessa Romero, unos hechos por los que él está en prisión provisional.

En este contexto, y tras dar un paso atrás Linares, que encabezaba la lista del PSOE, que ganó las elecciones del pasado 28M por mayoría simple en Maracena, pero no ha recogido el acta, el PP cerró con Vox y los dos grupos locales citados un acuerdo a cuatro para propiciar un cambio en la Alcaldía, en manos del PSOE en los últimos 16 años. Tanto los socialistas, con siete actas, como los tres de IU Para la Gente han votado a sus propios candidatos.

En el plano judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó el pasado jueves devolver al Juzgado de Instrucción número 5 de Granada la causa del secuestro y no incoar diligencias previas de investigación penal contra el diputado autonómico del PSOE y aforado Noel López, que fue alcalde de Maracena antes que Linares, al entender que no se habían realizado las necesarias diligencias de investigación que permitan afirmar con «claridad», en este momento de la investigación, los hechos que se le atribuyeron en relación a este asunto.

Coincidiendo con el criterio de la Fiscalía, el TSJA consideró que debe continuar la investigación con la práctica de diligencias de investigación esenciales no practicadas, precisamente para poder corroborar de forma indiciaria su existencia y alcance delictivo, respecto de Noel López así como de la ya ex alcaldesa Berta Linares, y el concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, Antonio García Leiva, a los que también señaló el juez instructor para su posible investigación, unos hechos que llevaron a la en ese momento regidora en funciones a no recoger su acta tras las elecciones para facilitar que no se conformara un gobierno de derechas en el municipio.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada decidió en un auto fechado este pasado miércoles no considerar parte procesal de la causa a los tres responsables políticos socialistas mencionados, cuya presunta participación en los hechos fue remitida precisamente al TSJA.

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Ni López ni Linares han acudido al pleno de constitución de este sábado, según han indicado fuentes municipales consultadas por Europa Press. García Leiva, que es vicepresidente cuarto de la Diputación en funciones, ha tomado posesión nuevamente como concejal recibiendo en ese momento aplausos, como todos sus compañeros, y abucheos.

Alcance político del caso maracena

Tras estas últimas decisiones, López valoró en un comunicado la decisión del TSJA de «no incoar diligencias previas de investigación penal contra él», en la causa vinculada al secuestro, si bien lamentó haberse visto «injustamente inmerso» en el proceso judicial «a tres días» de las elecciones locales del pasado 28 de mayo.

En la misma línea, Linares compareció ante la prensa este pasado viernes para reivindicar su «inocencia» y advertir de que el pacto del PP con Vox y las dos formaciones locales para gobernar en este municipio «nace viciado» y «carece de la legitimidad que pretendían darle» pues «ahora se está demostrando» que todas las acusaciones son «falsas».

Por último, el PSOE de Granada lamentó en una nota de prensa a última hora de este pasado viernes que la actuación judicial en el caso Maracena «condicionara el desarrollo y el resultado de las elecciones municipales del 28 de mayo» y que «haya afectado a la imagen de responsables públicos».

Así, los socialistas, a partir de un «escrupuloso respeto a las decisiones judiciales», han considerado que «hay actuaciones no urgentes del Poder Judicial que pueden interferir en el desarrollo limpio y en igualdad de armas de las elecciones».