La Operación 'RENT-A-FAKE' comenzó hace un año, tras la interposición de una denuncia por parte de una perjudicada por un delito de estafa en el alquiler de una vivienda vacacional.
El 'modus operandi' era el siguiente: la comisión de los hechos se basaba en el robo de perfiles de anunciantes en conocidas plataformas de alquiler de viviendas vacacionales con Villas ubicadas en las provincias de Cádiz y Alicante, a los cuales les bajaban el precio para hacerlos más atractivos.
Una vez captadas posibles clientes-víctimas, los derivaban a otras plataformas creadas por los propios autores. Estos usurpaban los datos corporativos de otras plataformas conocidas para dar confianza a las víctimas, con la excusa de que en éstas, las comisiones eran más bajas. De este modo conseguían el pago de los alquileres directamente en cuentas controladas por los autores.
Una vez realizado el pago por los perjudicados, éstos recibían un correo electrónico de confirmación de la reserva, aunque cuando trataban de volver a tener contacto, éste resultaba imposible.
Tras numeras pesquisas de cuentas bancarias, movimientos de dinero, titularidad de teléfonos de contactos y Comisión Rogatoria Internacional dirigida a las autoridades de Reino Unido, se consiguió identificar a las siguientes figuras: ?Mula? económica, quien facilitaba sus datos para la creación de una cuenta bancaria bajo la promesa de una contraprestación económica; persona responsable de la captación de ?mulas económicas?, quien convencía, mediante engaño y bajo promesa de la citada compensación, a otras personas para que procediesen a dar de alta cuentas bancarias que, posteriormente, eran utilizadas para la recepción del dinero estafado. Después, el dinero era transferido a cuentas en el extranjero para dificultar la trazabilidad del mismo.
Así mismo, se percataron de que había una persona autora del delito de usurpación de estado civil y falsificación de documento privado; y un receptor del dinero que procedía de los perjudicados residentes en Reino Unido.
El resultado de la operación se ha saldado con dos personas investigadas, una persona identificada para su investigación y otras tres identificadas en el extranjero. Se les atribuyen siete delitos de estafa, usurpación de estado civil y delito de blanqueo de capitales. El valor total de lo estafado asciende a los 12.014 euros.
La operación se ha llevado a cabo por el Equipo de la Guardia Civil de Valencia con el apoyo de la Guardia Civil de Málaga y de Cádiz. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 21 de Valencia.
Para evitar este tipo de estafas hay que estar alerta con ofertas con precios excesivamente bajos; páginas webs o mensajes de dudosa procedencia; y hay que desconfiar si se indica que hay que pagar por otro medio que no sea el de la propia plataforma.
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