La organización criminal, asentada en el sur de España, estaba conformada por un elevado número de personas físicas y jurídicas que hacen que sea especialmente compleja y diversa, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.
En los registros efectuados se ha intervenido 130.000 euros en efectivo, diversa documentación, material informático y telefonía móvil, relojes de alto valor y joyas por más de 650.000 euros, y se ha procedido al bloqueo de propiedades inmobiliarias valoradas en 5.000.000 euros y al de numerosas cuentas bancarias y activos financieros.
La investigación se inició en el año 2020 cuando los agentes identificaron distintas operativas, sospechosas y de riesgo de blanqueo, llevadas a cabo por personas con vinculaciones con el narcotráfico y otras actividades ilícitas relacionadas con la criminalidad organizada.
Uno de los principales investigados habría intentado sustraer de la acción de la justicia su patrimonio inmobiliario, contando con la colaboración del resto de miembros que dirigen la organización desmantelada, así como con varias personas del entorno familiar también implicadas.
De las investigaciones y del análisis de vida laboral y tributaria de 35 personas físicas, 49 jurídicas y del estudio de más de 682 cuentas bancarias, se pudo reconstruir la operativa de blanqueo en las que se usaba diferentes modus operandi propios de profesionales.
Entre otros, la utilización del principio de unidad de caja --flujos de capital puestos al interés en cada momento--, préstamos al socio --para justificar flujos capitales--, movimientos de fondos, falsificaciones de contratos privados de arrendamiento, manejo de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin justificación, y otras metodologías, todo ello dentro de la más estricta discreción y opacidad para no levantar sospechas.
Fondos por importe de 10 millones de euros
Los investigados habrían conseguido introducir en el circuito económico legal español fondos por un importe estimado superior a diez millones de euros desde el año 2011.
En concreto, y, principalmente, a través de inversiones inmobiliarias en la zona de la Costa del Sol y resto de la costa sur de España, patrimonio inmobiliario que actualmente podría alcanzar un valor de cinco millones de euros, así como mediante transferencias de fondos desde Argentina y Uruguay y las operaciones mercantiles ficticias detectadas, a través de las cuales llevarían simulando negocios y operaciones con las que camuflaban transferencias de cantidades ingentes de dinero controladas por la propia organización.
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