El IASS bate un nuevo récord con más de 39.000 dependientes atendidos, 23.000 más que hace ocho años

El importante esfuerzo tanto económico como de gestión que se ha hecho por parte del Gobierno de Aragón en materia de dependencia desde 2015, se traduce en la puesta en marcha servicios, agilizando los trámites y reforzando el personal valorador, ha explicado la directora gerente del IASS, Noelia Carbó. Prueba de ello, añade, es que «el Gobierno central, tras la recuperación del denominado nivel acordado --suprimido en 2012--, ha premiado a Aragón con un incremento de esta partida por cumplimiento de objetivos y por la buena gestión».

Así, la financiación procedente del Gobierno de España ha pasado de 31 millones de euros en 2015 a una estimación de casi 97 en 2023: incluye 32 millones de nivel acordado más un promedio de ingresos mensuales (la nómina) de 5,4 millones por doce anualidades.

No sólo se han mejorado las cifras de personas atendidas, sino que se ha apostado por la simplificación y agilización de los trámites, la flexibilización de las posibilidades de intervención, la tramitación de forma telemática y la reducción de la documentación requerida, entre otras cosas.

Uno de los principales avances llevados a cabo en esta legislatura y que ha supuesto una mejora cualitativa del sistema ha sido la aprobación el pasado mes de marzo de la Orden que modifica la que regulaba los servicios y prestaciones (2013) y la propia Orden de procedimiento.

Entre las medidas más importantes recogidas en esta Orden destacan aquellas que favorecen la desburocratización del sistema; el incremento de las cuantías máximas de las prestaciones para las personas con menos recursos económicos; la posibilidad de que las personas con grado I de dependencia puedan acceder al servicio de residencia; la creación de nuevas prestaciones vinculadas al servicio, y la compatibilidad de ciertos servicios y prestaciones (favoreciendo la permanencia de la persona en su domicilio con 'paquetes integrados de servicios', entre otras cuestiones.

Balance por legislaturas

Desde la aprobación de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero de 2007, el sistema ha sufrido diferentes oscilaciones, marcadas por las cuatro legislaturas en las que se ha gestionado.

En la primera de ellas (2007-2011), Aragón, al igual que el resto de las Comunidades Autónomas, emprendió la puesta en marcha del sistema, tanto en su desarrollo normativo como, especialmente, en la implantación de una estructura para su gestión. Este periodo se cerró con 23.884 personas atendidas y un porcentaje de limbo de un 16% frente al 26,4% de la media nacional.

En el periodo comprendido entre 2011 y 2015 se produjo un retroceso, tanto en los datos cuantitativos como en la calidad del sistema, reduciéndose a 16.000 el número de personas atendidas --7.000 menos-- y alcanzando un 'limbo' de 15.000 personas, situando a Aragón a la cola de las Comunidades Autónomas.

Al inicio de la legislatura 2015-2019, se produce un importante incremento del gasto destinado al sistema de la dependencia, pasando de casi 189 millones de euros en 2015 a 230 en 2019.

Asimismo, se reforzaron las plantillas y se desarrolló el catálogo de prestaciones y servicios: puesta en marcha del servicio de promoción de la autonomía personal, del servicio de ayuda a domicilio en todo el territorio aragonés, a través de convenios de encomienda de gestión con las entidades locales, y del servicio de teleasistencia. En mayo de 2019 se contabilizaron 31.000 personas atendidas y se redujo el 'limbo' a 6.000.

En la última legislatura (2019-2023) las cifras de personas atendidas se han ido incrementando año a año, alcanzando las 39.213 antes citadas y un limbo de 854 personas, y se han llevado a cabo dos importantes medidas: la sustitución del procedimiento y la implantación de una nueva plataforma tecnológica de gestión.