La Comunidad plantea 13 líneas de alta tensión en los sectores 5 y 6 de Cañada Real, sin luz desde hace más de dos años

Así figura en tres anuncios diferentes de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Consejería de Medioambiente, Agricultura e Interior en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

En el primero de ellos, relativo al Sector 6, se habla de la autorización administrativa para la declaración de «utilidad pública» para la construcción de seis líneas y un centro de transformación solicitada por la UFD Distribución Electricidad S.A., distribuidora del grupo Naturgy.

Se ha abierto un período de un mes de información pública para poder presentar alegaciones a este proyecto que busca «mejorar la infraestructura eléctrica de la zona» a través de una reordenación de la misma con un presupuesto de 196.888 euros.

En el mismo sector, esta misma suministradora pide también la autorización para construir cuatro líneas subterráneas de alta tensión y un centro de seccionamiento con el mismo objetivo de mejorar el tendido eléctrico. En este caso el presupuesto es de 70.058 euros.

Por último, en el caso del Sector 5, también UFD Distribución Electricidad, prevé construir tres líneas subterráneas de alta tensión y un centro de transformación, también en Madrid. Esta operación está tasada en 79.469 euros.

La crisis energética en la cañada real, un problema enquistado

Hace más de 1.000 días que los sectores 5 y 6 de la Cañada Real se fueron a negro perdiendo su suministro eléctrico más de 4.000 personas, 1.8000 de ellos menores de edad.

Desde entonces la problemática alrededor de esta cicatriz urbana ha sido arma política y fuente de reproches entre Gobierno y oposición. En un principio el Ejecutivo madrileño planteó la situación como un problema de seguridad, aduciendo a problemas por los «enganches» ilegales al tendido para mantener las plantaciones de marihuana.

Por parte de la oposición se ha puesto el foco en la cuestión humanitaria y social, sumándose a las reivindicaciones de las asociaciones de la zona que llevan años reclamando que vuelva la luz.

La Comunidad de Madrid ha recalcado la importancia de potenciar su programa de realojos para poder sacar a los vecinos de esta zona y reubicarlos en otros puntos de la autonomía y el Gobierno central le ha instado a acelerar los trámites ante la mala situación de estos vecinos.

El 17 de mayo de 2017, se firmó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana y se comenzó a ejecutar un plan de choque que contemplaba mejoras en una serie de servicios en los sectores I a V y el realojo para el sector VI.

Este tema ha sido sujeto recurrente de peticiones del Defensor del Pueblo para que todas las instituciones --tanto Estado, Comunidad como ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid -- se pongan de acuerdo para acabar con la crisis energética en la Cañada Real Galiana.

Fue elevado en abril del pasado año al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa a quien el Defensor del Pueblo envió un informe alertando de la situación de «insostenible emergencia humanitaria».

La instancia comunitaria envió previamente una petición por una reclamación de varias organizaciones respecto a la situación que, desde el otoño de 2020, padece este asentamiento poblacional ubicado a pocos kilómetros del centro de Madrid.

Situación judicial

Por su parte, el pasado septiembre la acusación particular en la causa en la que se investigan los cortes de luz en la Cañada Real ha reiterado al juez que emplace a la Comunidad de Madrid a aclarar quién ordenó la instalación de reconectores en los sectores 5 y 6 para limitar el suministro cuando se iniciaron los cortes.

El juez Juan José Escalonilla, al frente del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, tomó declaración al perito judicial designado para la elaboración de un contrainforme para analizar el suministro eléctrico en los sectores afectados por los cortes de luz.

En la pericial ante el juez, el experto ratificó el informe en el que se concluye que la compañía suministradora UFD, distribuidora del grupo Naturgy, habría instalado dos limitadores de potencia. Se trataría de unos potenciadores que se colocaron «por el gran incremento de la demanda que hubo en unos pocos meses (de agosto a octubre de 2020), lo que ponía en riesgo »la línea con cortes en la subestación".

En la comparecencia, el letrado Javier Rubio, que representa a los vecinos denunciantes, reiteró entonces al juez que emplazase tanto a la Comunidad de Madrid como a la compañía Naturgy a aclarar quien ordenó dicha instalación y en qué condiciones.

Este abogado también señaló que aún no se ha podido determinar la capacidad total de la línea antes de la limitación instalada por Naturgy y, por tanto, si dichos topes impuestos sin previo aviso son arbitrarios también desde un punto de vista técnico.