A su juicio, las instalaciones y el acceso de la tuneladora deben quedar fuera del Parque de Comillas, la estación de Madrid-Río debe volver a su ubicación original en el Paseo de Yeserías y la ocupación de zonas verdes debe reducirse al mínimo en la totalidad del trazado, salvando los Jardines de Palestina y otros jardines de su demolición.
Ecologistas recuerda que el único proyecto evaluado ambientalmente e informado públicamente es el recogido en el Estudio de Impacto Ambiental del 2020, sobre el que se emitió DIA favorable. En dicho proyecto se preveía la tala de 79 árboles y la ocupación de 20.080 metros cuadrados de zonas verdes. En el Modificado ahora presentado se prevé la tala de 676 árboles y la destrucción de 48.170 metros de zonas verdes.
«Si bien es cierto que se han reducido las afecciones respecto al Proyecto Constructivo, es evidente que el proyecto se aleja en grado suficiente de lo contemplado en el proyecto original como para exigir el inicio de un nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinario, y no Simplificado, como pretende la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Colectivo», ha indicado.
Además, los ecologistas reprochan que haber optado por un procedimiento simplificado, en pleno periodo vacacional y sin ningún contacto previo con colectivos afectados, indica «un intento de justificar la legalidad del proyecto por la vía rápida y de forma cuestionable». Por ello, consideran «muy grave» la actitud del Gobierno autonómico recuerda que sobre el proyecto constructivo existe un recurso contencioso-administrativo impulsado por la organización ecologista.
Alegaciones de la fravm
Por su parte, las asociaciones vecinales de Pasillo Verde Imperial, Parque de Comillas y Moscardó, junto con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) critican que la documentación se someta al trámite de información pública tan solo 20 días durante el mes de agosto.
«Se trata de hurtar así el proyecto de construcción al conocimiento de la ciudadanía y, al tiempo, asegurarse de que haya muy pocas alegaciones en contra. El procedimiento no solo es oportunista, sino que peca de antidemocrático y contrario a las más elementales reglas de participación ciudadana en cuestiones de interés general, como son los asuntos con implicaciones medioambientales», apuntan.
La FRAVM indica que documentación en cuestión adolece de «numerosos y muy significativos fallos que la invalidan de principio a fin». Critican que se haga una Evaluación Ambiental simplificada, «cuando dada la envergadura y alcance de los impactos de la obra se debería realizar una Evaluación Ambiental por el procedimiento ordinario, mucho más extenso, garantista y abierto a la participación de la ciudadanía».
La Consejería lo justifica aduciendo que ya se hizo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con anterioridad. «Sin embargo, el argumento no es válido por cuanto con posterioridad a la citada DIA se han incorporado al proyecto nuevos hechos que en virtud de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, obligan a realizar una nueva DIA», apuntan.
La federación vecinal asegura que el proyecto vulnera las Normas Urbanísticas del Plan General de Madrid y la propia Ley del Suelo regional, ya que aplica una proyección de relevancia especial en el caso de las zonas verdes singulares, como es el caso del parque de Arganzuela. «El proyecto prevé una tala masiva de árboles no solo en este parque, sino también en otros lugares como el parque de Comillas o los jardines de Palestina, sin que se haya aprobado ningún plan especial o una modificación del plan general que lo ampare», denuncian.
En el primer proyecto de la prolongación, la estación de Madrid Río quedaba ubicada bajo el paseo de Yeserías. En los proyectos posteriores, incluido el último, la estación se traslada al interior del parque de Arganzuela.
Los responsables del proyecto justifican este cambio de criterio alegando que en la primera ubicación resultan afectadas varias infraestructuras, entre otras los servicios del Canal de Isabel II. «Se aporta un plano para probarlo pero ese plano no responde a la realidad y localiza los servicios en un lugar que no se corresponde. Sin duda, este hecho reviste una enorme trascendencia, algo que puede entrañar una responsabilidad penal y, de no corregirse, podría llegar a constituir un delito de falsedad documental», apuntan.
Para los denunciantes, el proyecto que ahora se somete a evaluación de impacto ambiental simplificada presenta un volumen «desmesurado» de árboles afectados. Se prevé el apeo de casi 700 árboles y el trasplante de más de 200.
«Estamos ante un auténtico arboricidio. Pero no se trata solo de la desaparición de equis árboles, sino de la destrucción sin paliativos de una gran masa de árboles maduros, muchos de ellos de más de 50 años de vida. Es sobradamente conocido que las funciones y servicios ecosistémicos del arbolado maduro (captación de CO2, atenuación del calor, aminoración del ruido, absorción de contaminantes, paisajísticos) no pueden ser reemplazados con la plantación de ejemplares recientes, aunque estos sean más numerosos que los primeros. Esos servicios se verán anulados de forma permanente e irreversible o, en el mejor de los casos, durante los próximos 30 años», esgrimen.
Por ello, la FRAVM no ve de recibe que la Consejería señale que se haya reducido el número de árboles que se verán afectados respecto del proyecto constructivo anterior. «El argumento viene a reconocer que la propuesta anterior era una salvajada, pero no se corrige con una salvajada menor», ha apuntado.
Las organizaciones alegantes están convencidas de que existen alternativas de trazado de la línea 11 de Metro, así como localización de las estaciones y modelos de ejecución de las obras que disminuirían muy significativamente esas cifras de árboles dañados.
Más aun, las organizaciones denuncian que la Evaluación de Impacto Ambiental ahora presentada «minimiza de manera irresponsable o incluso ignora» otros impactos provocados por las obras, tales como la generación de residuos en el parque de Comillas o el destrozo de un parque singular con valores históricos como el de Arganzuela.
«Así, no se tiene en cuenta el hecho de que el vecindario de Comillas haya de soportar durante más de dos años el tránsito de 34.000 camiones cargados de escombros y lodos, más otros 5.000 camiones cargados con las dovelas. Estamos hablando de más de un centenar de camiones diarios. Tampoco se evalúa que la obra se vaya a realizar justo al lado del CEIP Perú con alumnado con espectro autista, niños y niñas con necesidades especiales. Ni se tiene en consideración la importancia histórica del parque de Arganzuela, que ya fue muy maltratado por las obras de soterramiento de la M-30», añaden.
Por todo ello, los vecinos afectados rechazan las modificaciones propuestas y piden a la Consejería de Transportes que reinicie el proyecto con más diálogo y participación ciudadana, para poder abordar las alternativas que son viables y mucho menos perjudiciales y lesivas para el medioambiente y la vecindad. Asimismo recuerdan que en septiembre acudirán al Parlamento Europeo ya que estas obras cuentan con financiación del Banco Europeo de Inversiones.
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