En este estudio se han analizado cerca de 400 sentencias judiciales de casos de este tipo de violencia en España, según ha informado la ONG en un comunicado, en el que subraya que el abuso sexual «es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y adolescencia y, además, una de las más ocultas».
Según datos del Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. En la Comunitat Valenciana, en 2021 se interpusieron 1.135 denuncias por este tipo de violencia contra la infancia.
«Se estima que solo el 15 por ciento de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse, por lo que estos datos solo son la punta del iceberg. Todavía existe la creencia colectiva de que esto no ocurre en nuestro entorno y que, si sucediera algún caso, nos daríamos cuenta, pero los datos nos dicen claramente que no es así», ha señalado Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.
Perfil de las víctimas
El estudio señala que la mayoría de casos las víctimas tienen entre los 10 y los 14 años, y que en más del 60,8% la víctima es una niña o una adolescente. Además, otro dato preocupante es el tiempo de duración de la causas judiciales, según ha recalcado, ya que el 58% de los procesos judiciales por abusos sexuales a niños y niñas en la Comunitat Valenciana no se resuelve antes de los dos años y se pueden alargar hasta los cinco.
Los datos indican también que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, «llegando a declarar antes del juicio hasta tres veces en Policía, Fiscalía y Juzgado», ha denunciado la entidad, que ha añadido que únicamente en el 27,8% de los casos se hace referencia al uso de la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones.
Save the Children ha recalcado que, tal y como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ahora dos años, «es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica que marque el camino para esta justicia especializada que pueda garantizar los derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales».
Según la organización, esto debe concretarse en medidas como la implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia; creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia, que participe en todos los procesos donde haya un niño o niña víctima y la asistencia jurídica a las víctimas, acompañándolas desde el inicio hasta el final del proceso y asegurando su gratuidad en los casos que marca la ley.
Además, considera que uno de los aspectos básicos de esta especialización de la Justicia es la realización de exploraciones y pruebas preconstituidas, «con el objetivo de eliminar actuaciones y declaraciones innecesarias y evitar la revictimización de los niños y niñas víctima».
Propuestas para la comunitat valenciana
A nivel autonómico, la organización propone, entre otras medidas, la formación obligatoria y especializada sobre violencia y protección de la infancia de todos los profesionales que trabajan con la infancia (ámbito judicial, educativo o sanitario) y el desarrollo de políticas de salvaguarda infantil y de entornos seguros que garantice su seguridad y bienestar y prevengan cualquier forma de violencia, incluidos los centros de protección.
Save the Children apuesta también por continuar impulsando en la Comunitat Valenciana el modelo nórdico Barnahus ('casa de los niños' en islandés), un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil «se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria».
Desde la apertura de la primera Barnahus en 2020 en Catalunya -en concreto, en Tarragona-, otras comunidades autónomas como Andalucía, Euskadi, Cantabria, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o Navarra están siguiendo el mismo camino. Además, el proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa sobre la Barnahus en España para los años 2022 a 2024 -desarrollado en estrecha colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030-, tiene como objetivo mejorar el marco legislativo y de políticas públicas para introducir este modelo en las distintas comunidades autónomas.
«En la Comunitat Valenciana ya contamos con recursos para atender a la infancia que ha sido víctima de violencia sexual, como las cámaras Gesell o las Saanna, que son un servicio específico de atención a víctimas de abuso sexual infantil. Sin embargo, es necesario dar un paso más allá con la especialización de juzgados y la implantación definitiva del modelo Barnahus en nuestro territorio», ha indicado el responsable de la ONG.
Por ello, valora que el nuevo Consell «haya manifestado su compromiso en continuar impulsando el modelo esta legislatura. Estos próximos cuatro años tenemos un reto muy importante y es que cuando un niño o niña haya sufrido violencia de cualquier tipo, se le pueda atender de la mejor forma posible», ha añadido.
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