La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha comparecido a petición propia ante el Pleno de las Cortes de Aragón para analizar los tiempos de espera que existen en la actualidad y exponer las soluciones en las que trabaja el Departamento para solventarlos.
Susín ha criticado que todo el proceso de valoración de la discapacidad está «lastrado, no sólo en Aragón sino prácticamente en todas las Comunidades Autónomas, por la falta de profesionales en los equipos de valoración».
Ante este problema, el Ejecutivo presidido por Jorge Azcón se ha comprometido a reforzar los equipos de valoración con la introducción de nuevos perfiles profesionales y con el despliegue de varios procedimientos de simplificación administrativa.
Con estas dos líneas de actuación se pretende que todos los aragoneses con una discapacidad que precisen de una atención, acompañamiento o servicio puedan recibirlo «en el menor plazo posible».
Sin embargo, la consejera ha advertido de que para conseguir ese objetivo serán necesarios recursos y presupuesto para implementar estas acciones que ahora no están llegando por parte del Ejecutivo central.
«Espero que en los PGE para 2024 veamos esta financiación y, si no, les pido ya su apoyo para demandar al Gobierno de España este compromiso con la discapacidad, porque, como algunos me han oído muchas veces y creo que nunca serán demasiadas, los derechos sin financiación sólo son 'derechos de papel», ha aseverado Susín, una inacción que ha derivado en un escenario «inaceptable», en palabras de la consejera.
También se ha mostrado crítica con la falta de planificación del anterior Ejecutivo autonómico respecto a las necesidades en cuanto al número de plazas en centros de día, en residencias o en centros ocupacionales para atender la discapacidad.
«Esa previsión no existía en el Departamento», ha señalado, «y a eso se le llama improvisar»; por ello, y para revertir ese fallo de la gestión anterior, la Consejería de Bienestar Social y Familia se ha comprometido a analizar y proyectar esas necesidades presentes y futuras y responder a las demandas de las personas con discapacidad y sus familias «con criterios de calidad» y a presupuestar esa atención debidamente.
Lista de espera de discapacidad
Los datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales indican que en Aragón hay 13.750 personas pendientes de una valoración de discapacidad; dentro de esa cifra, constan 9.295 solicitudes grabadas y pendientes de valoración --por provincias, 1.877 corresponden a Huesca, 477 a Teruel y 6.941 a Zaragoza-- a las que se suman las de otros 4.455 aragoneses pendientes de una revisión de oficio del grado que ya se les reconoció anteriormente; 648 de ellos residen en Huesca, 488 en Teruel y 3.319 en Zaragoza.
Durante su comparecencia Carmen Susín se ha referido en varias ocasiones a la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, aprobada por el Consejo de Ministros el 3 de mayo de 2022, y que hasta hoy «sigue sin implementarse de forma plena», ha lamentado.
Ha alertado de que «sin una financiación suficiente» por parte del Gobierno central los aragoneses que conviven con la discapacidad pueden «quedar fuera de los planteamientos más innovadores de ejercicio de derechos, prestación de apoyos e incluso de la política social».
Por otra parte, la mencionada Estrategia establece también la apertura de pasarelas entre los procedimientos de valoración de la discapacidad y de la dependencia que agilicen los plazos para resolver la PIA --Programa Individual de Atención--, una cuestión que también se va a demandar inmediatamente al Gobierno de España, tal y como ha remarcado la responsable de la Consejería de Bienestar Social y Familia ante el Parlamento.
Coordinación y eficacia
Uno de los problemas a los que se enfrentan los equipos de valoración tiene que ver con lo que la consejera Susín ha calificado como una «distorsión» a la que, asegura, «no se puede hacer frente con los medios actuales».
Esto sucede porque en términos globales se produce una entrada mensual de 920 nuevas solicitudes en todo Aragón y se emite una media de 375 valoraciones, con lo cual quedan sin atender una media de 545 solicitudes mensuales, ha detallado.
Por provincias, la entrada media de solicitudes cada mes es de 155 en Huesca, 65 en Teruel y 700 en Zaragoza, y en esos 30 días se resuelven una media de 54 en Huesca, 26 en Teruel y 294 en Zaragoza.
Sobre los plazos de resolución de las valoraciones hasta que finaliza el proceso, en Zaragoza oscilan entre los 7 y los 11 meses en función del centro de tramitación; en Huesca la demora es de 22 meses y en Teruel, de 13 meses.
El afloramiento de todos estos datos se ha producido a partir de mayo de 2023 con la implantación de una plataforma informática que permite la gestión integral de todo el proceso de reconocimiento y valoración de la discapacidad y que permite tramitarlos, como sucede en cuestiones de dependencia, de forma digital.
La consejera Susín también se ha referido a otras dos cuestiones que influyen en la agilidad de estos procesos y en los que el Departamento ya está implementando mejoras: la coordinación con el Servicio Aragonés de Salud y la interoperabilidad entre los sistemas de discapacidad y dependencia.
«Vamos a avanzar en los trabajos de coordinación con el Servicio Aragonés de Salud con el objetivo de que los profesionales sanitarios que realizan trabajos de valoración en dependencia y discapacidad puedan acceder a la historia clínica electrónica con el objetivo de evitar la carga administrativa a los ciudadanos, mejorar la información y descargar de este trámite a los médicos del SALUD», ha concluido Carmen Susín.
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