Un juzgado de València investiga si una mujer de 60 años falleció en el Hospital Universitari La Fe en abril de 2022 por una posible sobredosis de medicación tras haber sido sometida a un trasplante de corazón del que se recuperaba correctamente.
En el procedimiento, que fue archivado en una ocasión pero reabierto para seguir la investigación por orden de la Audiencia, figura una persona como investigada.
La causa se originó con una denuncia de la familia de la fallecida, defendida por el letrado Ignacio Grau, de Rocabert & Grau Abogados, en diciembre del pasado año, en la que advertía de que una enfermera de La Fe había cometido un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional grave al suministrar a la paciente una sobredosis de un medicamento.
La mujer fue sometida en febrero de 2022 a un trasplante de corazón por presentar síntomas compatibles con un infarto. La operación fue un éxito y a los días se le trasladó a la planta de hospitalización de cirugía cardiovascular para que continuase con la recuperación.
En un momento determinado, según se indica en la denuncia en relación con un informe médico, se le prescribió a la paciente un medicamento, un antiviral que se usa para la prevención de la infección por CMV --tipo de virus del herpes-- y también se receta en caso de haber recibido un trasplante de órgano sólido de un donante infectado por este virus.
En el mes de marzo se le suministró a la mujer por parte de una enfermera «sin identificar», «de forma errónea» --siempre según consta en la denuncia--, el medicamento. En el informe médico se hizo constar que la dosis administrada era un 60% mayor a la que correspondía a la paciente y que en caso de sobredosis la mujer podría presentar un fallo multiorgánico, «además de ser administrado por vía intravenosa, cuando debió ser por vía oral», sostiene el escrito.
Ese mismo día se decidió ingresar a la mujer en Reanimación y en cuyo informe de cambio de servicio se recogía: «Motivo de ingreso: Paciente mujer de 60 años --46 días post trasplante cardiaco--, ingresa procedente de planta de hospitalización por insuficiencia respiratoria aguda en contexto con administración por error de la medicación oral por vía intravenosa». Tras ello, la paciente falleció el 2 de abril.
En la misma denuncia, se lamenta que en la historia clínica de la fallecida no conste la identificación de la enfermera «que comete el error» ni el doctor que prescribió la medicación ni se haya abierto ninguna investigación. «Es decir, no consta que nadie haya hecho nada para averiguar por qué murió una mujer joven de 60 años por culpa de un gravísimo error», advierte.
Archivo y reapertura
Este procedimiento fue archivado provisionalmente por el juzgado pero la familia de la fallecida recurrió ante la Audiencia, órgano que, en junio de 2023, tras estudiar la documentación, decidió revocar la resolución de instancia y ordenar la continuación de la causa.
La Fiscalía solicitó también que se estimara el recurso de la familia a la vista del contenido del mismo y del informe médico aportado por apreciar que existían indicios de la posible comisión, al menos, de un delito de lesiones imprudente, por lo que solicitaba la práctica de las diligencias oportunas para la identificación de la persona que administró erróneamente el fármaco, tal y como se desprende de la resolución de la Audiencia.
En su recurso, la familia alegaba vulneración del principio de audiencia al haberse acordado el archivo sin ir ni a la parte ni al ministerio fiscal y sin dar tiempo a éstos a efectuar alegaciones respecto del informe médico forense ni proponer contraprueba; errores de apreciación en el informe; y ocultación de datos en la documental aportada por el hospital.
El tribunal decidió atender estos motivos al apreciar que los hechos denunciados eran subsumibles, 'ab initio', de un delito de homicidio imprudente o, al menos, de un delito de lesiones por imprudencia grave y/o profesional, «siendo, en cuanto a ello, concurrentes ambos informes periciales», exponía.
De esta forma, y al apreciar necesaria la investigación de los hechos denunciados, se ordenó al juzgado seguir con las diligencias de investigación solicitadas por la parte denunciante y por el ministerio fiscal, «dando al procedimiento tramitación preferente dada la demora sufrida por el mismo», se indicaba. Esta semana se han producido ya varias testificales en el juzgado.
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