El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha abierto las jornadas provinciales de difusión de la ley de Función Pública de Andalucía que se han celebrado este martes con más de 200 profesionales de la Administración autonómica.
Ha sido en la sede de la Junta en Granada y a ellas también han asistido el secretario general para la Administración Pública, Arturo Domínguez Fernández, y el delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, Luis Recuerda.
El objetivo de estas jornadas, organizadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, es acercar el contenido más destacado de la nueva ley a las ocho provincias andaluzas.
En concreto, según ha detallado la Junta en una nota, se acerca a delegados territoriales, secretarios generales, letrados, interventores, personal de la delegación territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, personal de las delegaciones con funciones de gestión de personas, personal de niveles 26 y superiores de las distintas delegaciones territoriales.
Granados ha explicado que «la nueva normativa pretende contribuir a la eficacia de la acción pública y la eficiencia de los recursos disponibles, prestar el mejor servicio a los ciudadanos y apostar por la formación y motivación del personal, así como la evaluación del trabajo que se realiza».
En las jornadas se ha abordado el proceso legislativo, las novedades del texto normativo y potestades públicas, la carrera profesional, desempeño y situaciones administrativas, las incompatibilidades y régimen disciplinario, los procesos selectivos, la formación y gestión del conocimiento, retribuciones, provisión y movilidad y la dirección pública profesional.
La normativa actualiza la regulación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el marco de la legislación estatal de carácter básico, conlleva implementar la carrera profesional horizontal, evitar la dispersión normativa, atraer, desarrollar y retener el talento humano, de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. También establecer criterios estratégicos que permitan procedimientos de provisión y movilidad más ágiles, entre ellos una modalidad de concurso abierto y permanente, «reforzar la formación, el aprendizaje permanente y la acreditación de competencia, regular la figura del personal directivo público profesional, con un estatuto propio, e incluir medidas que potencien la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar».
Entre las novedades, la norma establece que el personal funcionario de carrera tiene derecho a la promoción profesional, que se articulará a través de la carrera profesional, entendida como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Dentro de este ámbito, la nueva ley se ocupa de la evaluación del desempeño, procedimiento mediante el cual se miden y valoran la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
Su finalidad es la mejora de la gestión pública y del rendimiento del personal, mediante la valoración del cumplimiento de objetivos, de la profesionalidad y de las competencias adquiridas, y que hayan sido acreditadas o reconocidas, en el ejercicio de las tareas asignadas, y se fundamenta en la «cultura del aprendizaje permanente».
Por lo que respecta a la planificación de recursos humanos, la nueva ley señala que su objetivo es contribuir a la consecución de la eficacia en la acción pública y la prestación de los servicios, así como a lograr la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles.
La norma desarrolla la posibilidad de aprobar planes de ordenación de recursos humanos, referidos tanto al personal funcionario como al laboral. Precisamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía 2023-2030.
El nuevo texto contempla la ordenación de los puestos de trabajo, entendiendo por tal la unidad básica de la estructura del empleo público, cuya ordenación estará basada en los principios de eficacia, jerarquía, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, eficiencia, racionalidad organizativa, coordinación y trabajo en equipo.
Durante las jornadas, el secretario general para la Administración Pública ha explicado las competencias y potestades que la ley establece para cada tipo de empleados públicos; la apuesta por la formación continua como un derecho y un deber de éstos o la adaptación de «los procesos selectivos a las funciones a desempeñar en cada puesto».
Asimismo, ha incidido en que la ley busca captar y retener el talento, por lo que contempla una de las reivindicaciones históricas de los empleados públicos, el desarrollo de la carrera profesional, que permitirá su promoción y ascenso sin tener que cambiar de puesto, así como la evaluación del desempeño para incentivar el esfuerzo y el compromiso.
También se ha abordado la creación de la figura del directivo público profesional, igualmente sometido a procesos selectivos en función de competencias y capacidades así como a la evaluación contemplados también en el Plan Estratégico de Recursos Humanos aprobado hoy en Consejo de Gobierno.
El delegado de Justicia, Luis Recuerda, que ha clausurado las jornadas, ha explicado que la nueva ley será de aplicación para los empleados públicos de la Junta de Andalucía y para los de las entidades locales y universidades.
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