El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha incoado diligencias de investigación contra una veintena de personas, ex altos cargos de la Administración autonómica entre los que figuran cuatro exconsejeros de la era socialista de la Junta de Andalucía, por posibles delitos de prevaricación y malversación después de que los anteriores gestores de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) no emprendiesen medidas «reales» para recuperar supuestamente el dinero de «48 operaciones de préstamo impagadas correspondientes a 36 empresas».
En un auto emitido el pasado 16 de octubre, adelantado por Diario de Sevilla y recogido por Europa Press, dicha instancia judicial expone que la causa deriva de una denuncia de la Fiscalía, después de que IDEA detectase «48 operaciones de préstamo impagadas correspondientes a 36 empresas, en las que no hay actuaciones de los responsables de la agencia» en el periodo señalado, «para reclamar de manera real la deuda», toda vez que entre las citadas entidades figuran la Compañía Andaluza de Minas, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Idisur, Plásticos Costa del Sol, la fundaciones de las Universidades de Almería, Granada y Málaga, Técnicas Aeronáuticas de Sevilla, Ratones Coloraos, Rubio Stone o Sugeotec, ascendiendo la cuantía total a más de 22 millones de euros.
No obstante, el juzgado precisa que respecto a los diez primeros casos, pesaría auto aún no firme, «declarando la prescripción de los presuntos delitos».
Así, el auto detalla que la Fiscalía aprecia un presunto delito continuado de prevaricación y un supuesto delito de malversación, ordenando instruir diligencias para la investigación de 20 personas, entre las que figuran los exconsejeros de la era socialista de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo, Martín Soler, Antonio Ávila y José Sánchez Maldonado, así como los ex directores generales de IDEA Antonio Valverde Ramos y Miguel Ángel Serrano, entre otros ex altos cargos de la Administración andaluza.
Vallejo y Miguel Ángel Serrano, recordémoslo, cumplen actualmente condena de prisión, merced a la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que detecta un delito de malversación en el mecanismo o «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, con cargo a los fondos autonómicos.
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