El fiscal encargado del juicio por el asesinato de Lucía Garrido, hallada sin vida en la piscina de su finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008, ha considerado que a lo largo del juicio, segundo que se celebra por este crimen, ha quedado acreditado que el exmarido de ella, «por razones personales, deseaba vehementemente la muerte» de la mujer. Además, ha defendido la identificación realizada por ADN del otro procesado.
Por eso, en sus conclusiones definitivas ha mantenido la acusación para ambos, en el caso del exmarido por un delito de asesinato en calidad de cooperador necesario, que tiene la misma pena que la consideración de autor intelectual, algo que no ha quedado probado; y para el otro como supuesto autor material; aunque ha apuntado que lo más probable es que fueran dos agresores.
En el trámite de conclusiones definitivas, el representante de la Fiscalía ha rebajado un año la petición de prisión para ambos procesados, al considerar que se debe aplicar la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas, de forma que solicita para el exmarido 24 años de prisión --con la agravante de parentesco-- y para el otro, 22 años de cárcel. Además, ha planteado una alternativa, pero con la misma petición de pena.
Según el fiscal, la mujer era una víctima de violencia de género, a raíz de las declaraciones de su hija y una amiga; aunque dice que no se está juzgando «un crimen pasional», sino a «dos individuos absolutamente fríos, peligrosos y que no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento».
Ha asegurado que se trazó «un plan diabólico», y, aunque ha reconocido que en el caso del exmarido no ha quedado acreditado que su ayuda llegara a ser imprescindible, sí cree probado que «facilitó considerablemente la ejecución del delito», recordando que la Fiscalía siempre ha tenido la convicción de que fue uno de los que ordenó la muerte; «sabía cuándo y cómo la iban a matar».
Ha señalado a cinco claves en este caso, como son las pruebas de ADN que identificaron ocho años después del crimen al supuesto autor material al aplicarse nuevas técnicas de investigación sobre una llave encontrada en el lugar; los perros que había en la finca, al considerar que si no se hubiesen retirado no se habría podido ejecutar el crimen.
También se ha referido a la «falsa coartada» del acusado como supuesto autor de que estaba examinándose del carné de conducir, que también ha tachado de «inconsistente», aunque ha aludido, asimismo, a la del exmarido que presentó facturas de viajes «absurdos» ese día.
La cuarta clave es que a su parecer se ha acreditado que la finca era «una guardería de droga», como han venido sosteniendo las acusaciones, y la víctima «estorbaba» y «sabía demasiado». El quinto aspecto fundamental para esta acusación es la declaración del testigo protegido, que en el otro juicio no declaró y solo se escuchó una grabación; que sitúa la preparación de un asalto a la finca en una reunión en la que habría participado el acusado.
En su exposición final, el fiscal se ha preguntado cómo es posible que en el primer juicio los jurados no llegaran a un veredicto de culpabilidad y los acusados fueran absueltos, y ha señalado que en esta ocasión «se han producido novedades importantes».
En este punto, la acusación ha destacado el testimonio «clave» de una de las amigas de Lucía Garrido, que ha hecho «un relato demoledor»; y ha señalado que el paso del tiempo «en este caso ha servido para mitigar el miedo que generan en su entorno personas como los dos acusados»; además de que ha reaparecido «por suerte» el testigo protegido.
También ha dicho que en esta ocasión «ningún funcionario del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha respaldado la desfachatez de los peritos de la defensa» que rechazan la identificación del acusado como supuesto autor con la prueba de ADN extraída de la llave; aludiendo a la declaración como peritos de los dos guardias civiles que están acusados en otro procedimiento por mentir en el primer juicio.
Las defensas, por su parte, en el trámite de conclusiones definitivas, han mantenido sus escritos en los que solicitaban un veredicto de no culpabilidad para sus representados. El letrado del acusado como supuesto autor material ha planteado una cuestión de nulidad en relación con las pruebas de identificación de ADN.
El juicio comenzó el lunes día 23 de octubre y la previsión es que los miembros del jurado reciban el objeto de veredicto el próximo lunes para comenzar a deliberar sobre la culpabilidad o no de los acusados.
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