Cuando un sueldo no basta: casi la mitad de familias atendidas por Save the Children vive con menos de 1.000? al mes

Tras consultar a 288 familias, ha constatado que casi la mitad de las familias a las que atiende sobrevive con menos de 1.000 euros al mes, y que, a pesar de que el 42% tiene empleo, estos hogares no consiguen salir de la pobreza. En su caso, es un esfuerzo que no obtiene recompensa.

Save the Children recoge estos datos en su informe 'Ser pobre en España. El retrato de 1.000 familias', que es la continuación del lanzado hace un año por la organización. En total, el actual estudio recoge datos de 2.440 niños y niñas de las seis comunidades autónomas done la organización tiene programas destinados a la reducción de la pobreza: Andalucía, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad de Madrid y Euskadi, además de en la Comunitat Valenciana.

Un ejemplo de esta difícil situación es Shandy, una mujer residente en València junto a dos hijas, su sobrina --de la que es tutora--, su madre y su abuela. Trabaja en el sector de la hostelería con un «ingreso mínimo» de unos 1.300 euros dependiendo de las horas.

De alquiler pagar más de 500 euros, que sumado a las facturas, se 'come' «mucho más de medio sueldo. Según relata, a la hora de ir al supermercado, en su lista de la compra »casi no hay carne«, más allá del pollo. Asimismo, tiene que repartir los zumos para la merienda de las niñas para »llegar a fin de mes« y »a veces hay que buscar un crédito de esos rápidos para conseguirlo«. »Un solo sueldo no llega", resume.

Algo más de la mitad de los padres, concretamente el 55%, tienen estudios secundarios, aunque uno de cada tres no cuenta con estudios primarios como máximo. Un 13% tienen estudios universitarios.

«La baja formación académica de los padres suele ser un factor que acompaña a los niños y niñas que viven en familias en situación de pobreza. La Educación debería ser esa palanca de cambio para activar el ascensor social, pero desde hace años comprobamos que no funciona como debería. Sin políticas públicas que apuesten decididamente por acabar con las barreras que impiden romper el círculo de la pobreza, seguiremos condenando a niños y niñas a esta situación», asegura Rodrigo Hernánez, director general de Save the Children.

Foto de familia

Según el actual estudio, el 'retrato' de una familia tipo es de una en la que, de media, hay dos menores de edad y mayoritariamente se encuentran al cuidado de su padre y su madre, aunque tres de cada diez son familias monomarentales y el 13% viven en familia extensa.

La mitad de estos niños y niñas no pueden comer la suficiente cantidad de proteína, fruta o verdura cada día, y el 65% viven en familias que declaran que todos sus miembros han disminuido el consumo de determinados productos debido a su encarecimiento.

Son niños y niñas que no pueden acceder a actividades extraescolares, lo que les pone en una situación de desventaja frente a quienes sí pueden y, además, les obliga a elegir alternativas de ocio mucho menos saludables. En concreto, sólo el 38% de los mismos asiste a este tipo de actividades. Asimismo, son niños y niñas que viven en casas con una temperatura inadecuada (frío en invierno, calor en verano) y malas condiciones de salubridad (goteras, humedades).

Además, el 35% de los niños y niñas que la organización atiende en sus programas ha necesitado acudir a servicios de atención en salud mental en el último año, con el gasto extra que eso supone.

El gasto medio en alimentación de las familias participantes de los programas de Save the Children en la Comunitat Valenciana asciende a 421 euros mensuales. Esto supone, de media el 42% de sus ingresos invertido en lo que se denomina «esfuerzo alimentario». Por ello, las familias no pueden hacer frente a todos los costes que implica una crianza digna con sus ingresos y su situación ya que, según cálculos de la organización, el coste de crianza en la Comunitat Valenciana en 2022 por cada hijo o hija ya ascendía de media a 710 euros al mes.

«Como sociedad no se puede tolerar que los derechos de los niños y niñas estén sujetos al nivel de estudios, empleo o ingresos de los padres y madres. Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación, salud, alimentación y bienestar adecuados, independientemente de la familia en la que nazcan», explica Hernández.

Esta no es una conclusión a la que haya llegado únicamente Save the Children. En el año 2021 el Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente la Recomendación por la que se establece una Garantía Infantil Europea (GIE). En ella se insta a los Estados Miembro a asegurar que los niños, niñas y adolescentes más vulnerables pueden acceder de forma gratuita -o al menos, asequible- a los servicios clave para su desarrollo y bienestar.

"políticas clave"

Save the Children insta a las instituciones a que, en cumplimiento de la garantía, desarrollen «políticas clave», como seguir incrementando las plazas para garantizar un acceso universal progresivo a educación infantil de 0 a 3 años de calidad, con metodologías didácticas de aprendizaje adaptadas, y con criterios de acceso que prioricen renta y vulnerabilidad o diversificar y flexibilizar los horarios de apertura, las opciones de elección de horarios y las modalidades de atención ofertadas en las escuelas infantiles, incluyendo horarios no estándar y grupos de crianza con participación de progenitores, asegurando así una mejor atención a la crianza de todos los niños y niñas.

Igualmente, piden asegurar una oferta de actividades complementarias (visitas, excursiones, viajes) y extraescolares en todos los centros educativos, especialmente en aquellos que escolarizan alumnado desfavorecido --oferta que debe ser independiente de las iniciativas del AMPA--; establecer programas de subvenciones y becas para garantizar el acceso gratuito al ocio educativo y ampliar las becas de comedor.

Regular una concesión directa y partidas presupuestarias ampliables de formar que las ayudas alcancen a todos los niños y niñas que cumplan los requisitos en la Comunitat Valenciana, como derecho subjetivo, y aplicar al comedor escolar sistemas «no estigmatizantes» de tarificación social con las mínimas barreras burocráticas, de concesión automática y vinculados al nivel de renta familiar son otras de sus reivindicaciones.