El secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, acompañado por varios miembros de la Comisión Ejecutiva, ha hecho balance de un año 2023 que, según el sindicato, ha estado marcado por «el anómalo régimen de temperaturas, la pertinaz sequía que seguimos sufriendo en el campo o la drástica disminución de las dotaciones de riego que ha condicionado las campañas y unos costes que siguen haciendo inviables muchas explotaciones, sobre todo ganaderas».
Un año 2023 «más que complicado para el agro andaluz», según ha indicado UPA en un comunicado, en el que la agricultura y ganadería familiar se ha tenido que enfrentar a una «brutal» crisis motivada por la «crisis climática, origen de la pertinaz sequía y unas temperaturas anómalas, junto con una drástica disminución de las dotaciones de riego, que han condicionado enormemente los cultivos».
Pero también, señalan, ha sido un año en el que UPA Andalucía ha realizado un trabajo «riguroso» de interlocución con las administraciones y «serio» a la hora de las movilizaciones, destacándonos como una organización «más necesaria que nunca» y consolidando el sector primario como estratégico, esencial e indispensable, tanto para la recuperación de Andalucía y de nuestro país, como para garantizar la soberanía alimentaria.
«A la delicada situación por la subida de costes generalizados, la crisis energética y el alza de tipos de interés que están repercutiendo en la cuenta de resultados de las explotaciones agrarias andaluzas, se le suman los efectos de unas temperaturas anormales, la sequía extrema, que es la más larga desde 1961 según la Aemet que soporta el campo andaluz, a pesar de unas ansiadas lluvias que van haciendo acto de presencia a cuentagotas, y unos precios elevados para el consumidor que, en la mayoría de sectores, no implica la sostenibilidad económica de nuestras explotaciones», ha afirmado Cano.
Ante tantas adversidades para el sector primario, el líder sindical ha asegurado que «es el momento de que las administraciones refuercen el respaldo que merecemos los agricultores y ganaderos, con el fin de potenciar su fortaleza y capacidad para hacer frente con solvencia a tantos contratiempos. Que los agricultores recibamos unos precios justos por nuestras producciones mediante la aplicación rigurosa de la Ley de la Cadena, una Ley de la Agricultura y Ganadería Familiar, poner freno a la subida desmesurada de los inputs, y la defensa de nuestros productos frente a las importaciones procedentes de terceros países, que deben ser los principales retos que las administraciones públicas deben encarar si realmente queremos un sector agrario cada vez más potente, solvente y que siga siendo el motor social y económico en nuestra comunidad», ha apuntado.
Asimismo, Cristóbal Cano ha querido mostrar la satisfacción de la organización por algunas cuestiones que se han ido consiguiendo poco a poco este año 2023. «El primer año de aplicación de la nueva PAC trae conceptos que antes no existían para hacer un reparto más justo y social, como por ejemplo el pago redistributivo, los techos de ayudas máximas o la ayuda asociada para el olivar tradicional y la uva pasa».
Además, también ha destacado el acuerdo por Doñana alcanzado por la Junta de Andalucía y el Gobierno central, que «da estabilidad a los agricultores y permite un equilibrio entre la actividad agraria y la protección ambiental como hemos venido defendiendo desde el primer momento».
Por otro lado, Cano ha subrayado que también es importante reconocer que se han desplegado una batería de apoyos directos al sector que, aunque siempre «son mejorables», han dotado de liquidez a nuestras explotaciones, a través del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que el Gobierno central adoptó medidas «urgentes» en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas.
Unas ayudas, indica UPA, que tuvieron un presupuesto de 712,7 millones de euros; así como la ayuda establecida por el Ejecutivo destinada a compensar la subida de los fertilizantes con un global de 300 millones de euros, la rebaja fiscal en el IRPF del ejercicio 2022, o el apoyo destinado al gasóleo agrícola. Y, en cuanto a la Junta de Andalucía, la aprobación de diez millones de euros a través de su orden de 13 de julio de 2023 para subvencionar a explotaciones afectadas por la sequía y acogidas al régimen de mínimis.
Por último, Cano ha resaltado que especialmente «significativo» ha sido el año 2023 para la ganadería andaluza. A este respecto, ha explicado que el «principal problema» de los ganaderos «continúa siendo la falta de rentabilidad de las explotaciones porque, de forma generalizada, los ganaderos perciben unos precios muy bajos por sus producciones, que unido al importante incremento de los costes, especialmente los energéticos, piensos y agua por la sequía, hace que las pérdidas económicas sean cuantiosas y hayan supuesto el cierre de un número importante de explotaciones», ha concluido.
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