El objetivo es canalizar el previsible incremento de la litigiosidad y adaptar la planta judicial a las necesidades existentes, para garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus derechos.
En este Real Decreto se contemplan 36 nuevos juzgados y 33 plazas de magistrado en órganos colegiados conforme a las propuestas formuladas por las Comunidades Autónomas, así como una plaza de juez de Adscripción Territorial, que se asigna al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para realizar funciones de refuerzo y sustituciones.
Especial mención merecen, además, las medidas adoptadas en este Real Decreto en materia de violencia de género, con la creación de nuevos juzgados exclusivos y la formalización de nuevas agrupaciones de juzgados en esta materia.
El objetivo es extender la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, a fin de lograr un correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de las víctimas y la respuesta especializada que exige este tipo de procedimiento.
También se da respuesta a la sobrecarga que soportan en la actualidad un número importante de juzgados que compatibilizan casos de violencia de género con los del resto del orden jurisdiccional penal. Se avanza así, desde la Administración de Justicia, en el cumplimiento de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En concreto, el Real Decreto determina ocho nuevas agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de asuntos de violencia sobre la mujer en Andalucía, Canarias y Comunidad Foral de Navarra, así como la modificación de la agrupación del partido judicial de Valencia, que extiende su jurisdicción a los partidos judiciales de Quart de Poblet y de Mislata, como consecuencia de la creación y constitución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia en el Real Decreto aprobado hoy.
En palabras del ministro Félix Bolaños, este aumento de la planta judicial «es una muestra del compromiso de este Gobierno con el servicio público de Justicia y un avance para seguir impulsando la necesaria transformación del sector en nuestro país. El impacto que la buena marcha de la Administración de Justicia tiene en la vida social y económica es indudable y estas medidas contribuyen a una activación económica eficaz y a la tutela efectiva de los derechos y libertades».
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