Intervenidas más de 26 toneladas de fitosanitarios no regulados valorados en un millón de euros

En el marco de la operación 'Kaltegarria', se han practicado tres registros en la localidad de Irún (Guipúzcoa), uno en Arenales del Sol, en Elche, (Alicante) y otro en la localidad francesa de Castres, en los que se han intervenido más de 26 toneladas de productos fitosanitarios no regulados, cerca de 20.000 euros en efectivo y siete vehículos.

Además se han bloqueado multitud de activos financieros, incluyendo 14 cuentas bancarias que en suma arroja un total de medio millón de euros en activos embargados bajo control judicial. El valor de los bienes intervenidos supera el millón de euros, detalla la Benemérita en un comunicado.

Se estima que esta organización criminal habría obtenido un

beneficio ilegal cercano a los tres millones de euros, derivado de la

venta ilícita de los citados productos químicos en territorio nacional, así como a diversos países del continente europeo, destacando Francia.

A los detenidos se les acusa de varios delitos de pertenencia a

organización criminal, contra el medio ambiente y los recursos

naturales, contra la salud pública, de riesgo catastrófico, falsedad

documental y blanqueo de capitales.

La operación se ha desarrollado en el contexto de la sanidad vegetal, actividad dirigida a proteger los vegetales y sus productos de los daños producidos por las plagas, malezas y organismos que causan enfermedades.

Las plantas tienen un papel crucial para lograr que el sector de la agricultura y la silvicultura sean sostenibles y competitivos, además de proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Sin embargo, lograr plantas sanas resulta un desafío debido a que el comercio, así como la circulación de mercancías y personas, favorecen la propagación de enfermedades y plagas de los vegetales.

De hecho, según recuerda el Instituto Armado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula

que anualmente hasta un 40 % de los cultivos alimenticios se pierden

a causa de dichas enfermedades y plagas. Ello repercute en el

abastecimiento de alimentos de millones de personas y perjudica a la

agricultura.

Seguridad y salud

España es el primer productor de la Unión Europea de frutas y

hortalizas y uno de los principales a nivel mundial, encabezando,

además, el listado de exportadores de la UE en el sector

hortofrutícola y siendo uno de los tres primeros exportadores

mundiales junto con China y EEUU. Esta posición de predominancia

en el mercado puede causar un impacto muy significativo en la

seguridad y salud de las poblaciones, así como en el medio

ambiente, si se emplean sustancias fitosanitarias no autorizadas.

Los fabricantes y comercializadores de productos fitosanitarios

ilegales, en muchas ocasiones integrados dentro de organizaciones

criminales, así como los usuarios finales, aceptan de manera

consciente dichos riesgos. La principal motivación que impulsa la

comisión de estos delitos es la existencia de una demanda por parte

de un sector de la agricultura de estos productos ilícitos, ya sea por la tradición de uso del producto o por la efectividad del mismo,

reportando este comercio cuantiosos beneficios ilícitos a los

infractores, explica la Guardia Civil.

El marco normativo imperante a nivel europeo y a nivel nacional,

prohíbe o restringe la comercialización y el uso de ciertos productos

fitosanitarios, con la motivación de la protección medioambiental y del usuario final.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Irún (Guipúzcoa), coordinada de forma conjunta por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil con la (Oficina Central de Lucha Contra los Ataques al Medio Ambiente y la Salud Pública (Oclaesp) de la Gendarmería francesa y apoyada

por Europol.

Han colaborado en la operación la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) del Ministerio de Transición ecológica y de la Cohesión de territorios y del Ministerio de Agricultura, y la Brigada Nacional de Investigaciones Veterinarias y Fitosanitarias (BNEVP) del Ministerio de Agricultura de Francia. También han participado diversas unidades de las Comandancias de Guipúzcoa, Alicante y efectivos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.