El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en un momento de la entrevista con Europa Press. | EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS

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El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, esgrime, sobre la reducción de la tasa de temporalidad de la Administración autonómica, que ante «un mandato de la Unión Europea de bajar la temporalidad», «cuando nosotros llegamos estaba por encima del 50%, ahora debe estar en torno al 8 o 8 y algo por ciento y nuestro objetivo es que se llegue al 5% y se mantenga ahí permanentemente».

«Y tenemos que mantener el 5% porque el papel de los interinos también es importante, nos permite cubrir de una forma rápida plazas que no se pueden atender a través de la oficina de empleo público», prosigue explicando al respecto y apunta que la solución para la situación de ese millar de interinos afectados por una exigencia comunitaria sobre la temporalidad en las administraciones que debe resolverse antes del 31 de diciembre de 2024, como establece el Decreto-ley 10/2023, de 13 de diciembre, pendiente de su convalidación por el Pleno del Parlamento de Andalucía.

Nieto, en una entrevista con Europa Press, explica sobre los funcionarios interinos que «uno de los problemas que nos encontramos en el año 2019, cuando se produce el cambio de gobierno, es lo obsoleto de todo el sistema digital de Andalucía», para exponer que el Sirhus (Sistema de Información de Recursos Humanos) «era obsoleto hasta decir basta y es ahí es donde se valoran los méritos de los trabajadores».

Tras exponer que «cuando se hace una consolidación a través del concurso, la clave es la valoración de los méritos», de manera que «si ese sistema no nos permite hacer una gestión rápida de esos méritos y poder establecer con toda claridad cuál es el orden en el que podemos estabilizar a nuestros interinos, pues nos resulta difícil».

«Nuestro reto es que esos interinos tengan la consolidación que han tenido el resto de interinos en toda España y que a Andalucía se le privó por una decisión equivocada del Ministerio, una interpretación equivocada del Ministerio que hizo que en Andalucía no se pudiera algo tan simple como lo que se va a hacer ahora, que es que en lugar de tener que ir al concurso-oposición se pudiese consolidar a través del concurso esas plazas de interinos», ha proseguido explicando el titular de Función Pública.

En el haber de la gestión de Nieto figura la aprobación de la Ley de Función Pública de Andalucía, que lo hizo el 7 de junio de 2023 y cuya entrada en vigor ha sido a los seis meses de su publicación, que, entre otras contribuciones, plantea la evaluación del desempeño de los empleados públicos.

Nieto, quien califica a la Administración como «un transatlántico porque tengamos ese símil», cuyos integrantes son «en torno a 130.000 funcionarios en salud; en torno a 110.000 en educación y en torno a 50.000 en la Administración General de la Junta de Andalucía», prosigue con esa figura para explicar sobre las reformas que puede entrañar una nueva ley y la cautela que implica porque «tiene unas dimensiones muy importantes», lo que obliga a que si «intentamos hacer un giro rápido y exagerado, lo más seguro es que se tambalee mucho y a lo mejor se hunde».

«Lo importante es ir haciendo cambios pequeños pero sólidos que fijen el rumbo correcto», afirma Nieto, quien argumenta que «eso es lo que estamos tratando de hacer con la Administración de la Junta de Andalucía», antes de plantear «poner en valor el trabajo que se realiza en la Administración» por cuanto reivindica que si «analizamos el trabajo nos damos cuenta de que la inmensa mayoría de los funcionarios sí desarrolla su actividad de una forma muy profesional y con un estándar de calidad muy bueno».

Evaluación del desempeño: "complejísimo, pero asumo el reto"

La contribución de la evaluación del desempeño de los empleados públicos, de la que Nieto asegura que «pusimos en marcha algo que se consideró muy revolucionario y, por cierto, el Gobierno de España copia lo que ya habíamos hecho en Andalucía», la sitúa como «salto necesario, pero complejísimo» y defiende que «lo asumo como reto que es», para esgrimir que «no voy a escurrir el bulto, no voy a mirar para otro lado, no voy a dejar ese problema al siguiente», por cuanto considera que «va a ser también un estímulo y una oportunidad para que la Administración andaluza se reivindique y defienda el valor de su trabajo».

«Ahora estamos negociando con los sindicatos el desarrollo reglamentario de la Ley de Función Pública», continúa explicando el consejero de Justicia, quien admite que «tenemos que hacer un trabajo muy fino porque tiene que ser dialogado», así como apunta que «no va a ser fácil», por cuanto argumenta que «la evaluación del desempeño es un salto necesario, pero complejísimo».

«Yo lo asumo como reto que es», asegura, mientras indica que «no voy a escurrir el bulto, no voy a mirar para otro lado, no voy a dejar ese problema al siguiente», aunque estima que esa evaluación de tareas «va a ser también un estímulo y una oportunidad para que la Administración andaluza se reivindique y defienda el valor de su trabajo».

Ante la pregunta de cómo encajará el empleado público esa evaluación, afirma que «los funcionarios no tienen ningún problema en que se les evalúe» y explica entonces que «nuestra obligación es convencerlos de que sí que se puede llevar a cabo y que no se trata de hacer una evaluación de cómo va vestido, si saluda por las mañanas, si dice buenos días, o sea, no estamos haciendo una evaluación de su aptitud, sino de su trabajo, del desempeño».

«Ahora mismo es muy desmotivador que una persona cumpla con el 100% de sus tareas y cumpla con el 100% de su jornada y tenga sentado al lado a una persona que no cumple ni con el 50%, que llega tarde, que se va pronto, pero que cobra igual y a la que se le trata igual y tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones».

«No es justo que eso sea así», proclama mientras se plantea corregirlo con un «al que cumple se le reconozca y al que no cumple se le incentive» ante la premisa de que «no nos podemos permitir el lujo de tener una parte de la Administración pública desconectada del resto».

Ope de 2023 de administración general con 2.400 plazas

Tras aprobar el último Consejo de Gobierno de 2023 la Oferta de Empleo Público de 2023 para Administración General de la Junta de Andalucía con 2.400 plazas, Nieto defiende que esa oferta de empleo «tiene en cuenta, en los servicios esenciales, la cobertura del 120% de las plazas que se jubilan y, en el resto, un 110%».

«Venimos de unos años donde no se ha podido cubrir las plazas que se jubilaban, la ley no lo permitía y la situación económica tampoco lo permitía, y ahora estamos echando un poquito más porque tenemos que recuperar plazas», explica.

Con la advertencia de que «en el futuro se va a ir produciendo un número de jubilaciones mayor» que el actual, indica Nieto que esa situación «va a ser también una oportunidad para la gente joven, que se va a poder incorporar a la Administración» y con ese reemplazo espera «poder corregir algunos déficits porque lo que estamos cubriendo ahora es el modelo de Administración de los años 80».

El consejero se traza el reto de cambiar perfiles por cuanto «la Administración no es la misma que la de antes», y en ese escenario señala que «estamos buscando otros perfiles, perfiles mucho más TIC, perfiles más cualificados», que resume en la idea de que «tenemos menos necesidades de nivel C y más necesidades de nivel A».

Considera que «es la transformación que la Administración pública andaluza requiere» porque «es la misma que ha tenido la empresa privada» y en ese ámbito describe «un corrimiento de perfiles en niveles más bajos a perfiles más cualificados».