La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería tiene previsto acoger desde este martes el juicio contra 14 personas acusadas de integrar una red criminal destinada a la producción 'indoor' de marihuana en viviendas alquiladas y cedidas de Roquetas de Mar (Almería) para su posterior venta, entre quienes se encuentran dos agentes de la Policía Local de Vícar.
En concreto, la Fiscalía va a solicitar inicialmente hasta tres años y medio de prisión para los dos agentes, quienes conforme al escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, se habrían encargado «del cobro mensual de los alquileres de las viviendas» en las que se encontraban las plantaciones «obteniendo por ello una comisión del diez por ciento sobre el alquiler de las mismas».
El Ministerio Público va a pedir dos años de cárcel para cada uno de los agentes T.L.S. y M.V.M. al considerarlos cómplices de un delito contra la salud pública así como un año y medio adicional de prisión por su presunta integración en un grupo criminal, aunque alternativamente los considera al menos responsables de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, ante lo que interesa un año de inhabilitación. Al margen de las penas privativas de libertad, interesa el pago de multa de 150.000 euros.
La acusación sitúa a ambos funcionarios «en el segundo nivel de la organización» y les atribuye el ser las personas «encargadas del cobro mensual de los alquileres de las viviendas» en las que se cultivaba la marihuana, labor por la que supuestamente se llevaban una comisión.
Así, aunque «no eran partícipes» de la instalación, mantenimiento, recolección y venta de las plantaciones, «sí eran conocedores y consentidores de la actividad ilícita» cometida por los cabecillas de la red, según la Fiscalía, que en el caso de los agentes remarca, asimismo, su condición de policías locales y les reprocha «que, a pesar de tener conocimiento de que en las viviendas donde realizaban los cobros, había plantaciones de marihuana, nunca procedieron a perseguir el hecho delictivo pese a su condición de autoridad».
El escrito determina que la organización compuesta inicialmente por siete miembros habría comenzado a operar con anterioridad a septiembre de 2018 para obtener «grandes cantidades de marihuana dedicadas la venta de terceros», para lo que dividieron sus funciones a fin de preparar lugares de cultivo y establecer tareas de cuidado, vigilancia, recolección, envasado y distribución final en Roquetas de Mar.
Para ello, los acusados de habrían servido tanto de viviendas de su propiedad como de otras que habrían alquilado, en ocasiones a través de terceros, para lo que se servían al menos de otros seis colaboradores. Así, el supuesto 'cabecilla' identificado como J.A.R.S., para el que se interesan un máximo de seis años y cuatro meses de cárcel, era el dueño de las plantaciones y el encargado de localizar las viviendas empleadas para los cultivos.
A partir de ahí, la red habría distribuido distintas funciones a sus miembros, entre los que estaban los encargados de equipar las viviendas, realizar las instalaciones eléctricas, de gestionar las plantaciones y de llevar a cabo la recolección. Del mismo modo, también identifica a otros acusados como los encargados de concertar reuniones y transportar dinero para eludir la acción policial.
Empresario inmobiliario
El escrito provisional de acusación apunta además la supuesta participación de un «reconocido» empresario identificado como J.C.R.M., dueño de cuatro sociedades, las cuales eran propietarias de «múltiples viviendas» en Roquetas de Mar que habrían servido para instalar las plantaciones 'indoor' de marihuana con conocimiento explícito del empresario. Para él el Ministerio Público interesa hasta tres años y medio de cárcel.
Como consecuencia de la actividad, los agentes realizaron un registro voluntario el 23 de septiembre de 2018 en una vivienda de Roquetas, donde encontraron 350 plantas de marihuana así como equipos de iluminación artificial y aparatos de aire. En total fueron 12 los inmuebles alquilados y propiedad de los acusados intervenidos, así como las taquillas de los policías locales de Vícar sospechosos, en los que se hallaron diversas cantidades de dinero.
Los acusados de los delitos contra la salud pública, pertenencia a un grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, por el que habrían ocasionado perjuicios económicos por unos 9.000 euros a las compañías eléctricas, se enfrentan a penas que van desde los cuatro años y medio de prisión a multas por cargos alternativos como encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos o un delito leve de defraudación de fluido.
El juez instructor reseñó en el auto de procedimiento abreviado que durante que la investigación «resultó especialmente llamativo cómo policías locales, fuera de servicio, se moviesen con evidente facilidad por una zona de Roquetas de Mar como las 200 viviendas, siendo hecho notorio las numerosas actuaciones judiciales ahí por delitos contra la salud pública» y se reveló «como ambos se convirtieron en piezas esenciales en la búsqueda de viviendas y de personas encargadas de desarrollar otras finalidades relacionadas con la presunta actividad delictiva».
Añadió que la actividad ilícita de la que se les acusa suponía «unos ingresos mensuales de entre 6.000 y 7.000 euros» y que lo hacía «con plena libertad y disponibilidad para elegir a los arrendatarios de las viviendas» para cultivos de marihuana.
En la operación policial se registraron ocho viviendas en alquiler y otras cinco propiedad de los acusados o de conocidos y se decomisaron más de 1.200 plantas de marihuana. En el domicilio y taquilla de uno de los agentes se intervinieron más de 5.300 euros procedentes supuestamente de las comisiones delictivas.
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