La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha publicado una orden que entra en vigor este mismo jueves, 11 de enero de 2024, en la que plasma la decisión acordada por el Ministerio de Sanidad de exigir el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios asistenciales de la comunidad autónoma.
Se trata, en concreto, de la orden de 11 de enero de 2024, «por la que se adoptan medidas de salud pública en aplicación de la Orden Comunicada de la Ministra de Sanidad de 10 de enero de 2024, mediante la que se aprueba declaración de actuaciones coordinadas en salud pública, estableciendo la obligatoriedad del uso universal de mascarilla en centros sanitarios asistenciales (hospitales y atención primaria)», que ha quedado publicada en un número extraordinario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press.
Según han apuntado a Europa Press fuentes de la Consejería que dirige Catalina García, la orden se publica en el BOJA «porque obliga a los ciudadanos», y «las competencias para adoptar medidas de salud pública le corresponde a la consejera de Salud según lo establecido en los artículos 21.2 y 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y 71.2.c) y 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía».
De igual modo, desde la Consejería han subrayado que «la orden comunicada de la ministra de Sanidad obliga a la Administración de la Junta de Andalucía, pero no a los ciudadanos, ya que la competencia para la adopción de las medidas corresponde a la autoridad sanitaria».
De esta manera, la Junta de Andalucía, «de conformidad con lo establecido en el Anexo I de la Orden Comunicada de la Ministra de Sanidad de 10 de enero de 2024, mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública», ha establecido «la obligatoriedad del uso universal de mascarilla en centros sanitarios asistenciales», esto es, en hospitales y atención primaria, y ha aclarado que «esta medida será, igualmente, efectiva en consultas del ámbito privado».
No obstante, la Consejería precisa en esta orden que «este uso universal podrá excusarse en aquellos ámbitos donde exista interacción verbal y/o gestual que sea importante en el abordaje o trato con el paciente».
Vigencia de la orden
Esta orden surte efectos desde este jueves, 11 de enero, tras su publicación en el BOJA y «hasta que se apruebe por la Ministra de Sanidad la finalización de su vigencia», según se precisa en el documento publicado en el boletín de la Junta, que apostilla no obstante que esto es así «sin perjuicio de que, cuando se presenten datos de descenso de la Incidencia Acumulada de Infecciones Respiratorias Agudas durante dos semanas consecutivas, podrá pasarse de una situación de obligatoriedad del uso de mascarillas a una situación de recomendación de uso, lo cual no obsta para que se mantenga dicha obligación durante la vigencia de la Declaración de Actuaciones Coordinadas».
Según explica la Junta en su orden, desde el Ministerio de Sanidad se ha justificado este uso obligatorio de las mascarillas con «el objetivo de reducir la transmisión» de virus de infección respiratoria y «proteger a las personas con riesgo de complicaciones asociadas a infección que acuden a estos centros o se encuentran hospitalizadas, además de proteger la salud de los trabajadores sanitarios».
Asimismo, la resolución de la Consejería de Salud que firma su titular, Catalina García, aclara que «la mencionada orden del Ministerio de Sanidad establece recomendaciones generales para la población de utilización de mascarilla ante la presencia de síntomas de infección respiratoria, recomendaciones de su uso en centros residenciales de personas vulnerables y farmacias».
De igual modo, «la orden comunicada dispone que se fomenten las medidas higiénicas y asegurar una adecuada ventilación de espacios interiores», y que se incrementen «las tasas de vacunación antigripal y frente al SARS-CoV-2 en la población con indicación vacunal».
La consejera Catalina García ya indicó este pasado miércoles que Andalucía iba a «acatar» la decisión adoptada por la ministra de Sanidad, Mónica García, de «una forma totalmente unilateral» sobre la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales y centros de salud, pero avisó de que su departamento estudiaría si dicho ministerio «se ha saltado, de una manera intencionada, la legalidad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns)».
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