Archivo - Concentración contra la instalación de una macrogranja en Solera. | PLATAFORMA SOLERA CONTRA LAS MACROGRANJAS

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jaén ha rechazado la implantación de la macrogranja porcina que pretendía instalarse con 2.460 cabezas a dos kilómetros de Solera, núcleo poblacional de Huelma.

La plataforma 'Solera contra las macrogranjas' ha informado de la sentencia, fechada en diciembre de 2023, en la que desestima el recurso planteado por el particular que impulsa el proyecto contra el acuerdo unánime del pleno del Ayuntamiento de Huelma-Solera que un año antes no declaró el interés social de esta explotación ganadera.

«Aunque la sentencia no sea aún firme, ya que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, viene a denegar de nuevo un proyecto que a lo largo de dos años ha sido rechazado, en primer lugar, por el conjunto de la ciudadanía y todo el pueblo de Solera», ha afirmado en una nota el colectivo.

A ello ha sumado, además, la oposición de resto de localidades de Sierra Mágina, administraciones públicas como el Ayuntamiento o la Diputación jiennense, todos los partidos políticos provinciales y asociaciones agrícolas, sociales y sindicales.

«La magistrada viene a corroborar la evidente ausencia de interés social de este proyecto, destacando, por el contrario, el amplio rechazo social y político que ha recibido, lo que demuestra que constituye toda una amenaza para el futuro de esta localidad y de toda la comarca de Sierra Mágina», ha añadido.

Al respecto, la plataforma ha explicado que la sentencia recoge que la parcela donde se pretende instalar la macrogranja porcina «es un espacio protegido, de especial protección», según los informes recabados tanto de la Diputación de Jaén como de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. Además, se certifica su «ubicación sobre el acuífero que abastecen a municipios como Solera y Cabra de Santo Cristo y que sirve para regadío de olivar de la zona».

«Frente a estos graves riesgos y perjuicios para la salud y la economía local, la sentencia corrobora que el promotor de la macrogranja no ha sido capaz ni de justificar una posible compensación al impacto medioambiental (»contaminación por emisión de malos olores y residuos, contaminación por ruidos«)», ha señalado.

Tampoco se justifica un beneficio social para la población, ya que «no se consigue demostrar la creación y generación de empleos de un sistema de explotación caracterizado por su mecanización, no siendo necesaria mucha mano de obra». Por contra, se hace evidente «la afectación a la economía del municipio, basada en la explotación agrícola del olivo (que se vería afectada por el uso del agua)».

Satisfacción

Solera libre de Macrogranjas, que ha movilizado a la ciudadanía durante estos dos años, ha mostrado su satisfaccción «por que la justicia haya atendido sus demandas y por que se estimen los argumentos de las alegaciones que presentó en el procedimiento administrativo».

En ellas, recalcaba la «evidente falta de interés social» y la «ausencia de beneficios de una actividad industrial altamente contaminante y escasamente beneficiosa para Solera, sobre todo ahora, cuando la localidad solereña lleva sufriendo restricciones al abastecimiento de agua desde hace un año».

«La sentencia demuestra que llevábamos razón, no sólo moralmente sino también jurídicamente, y que la lucha del pueblo de Solera ha sido determinante para evitar el peligro que se cernía sobre nosotros. Estaba en juego nuestro futuro, el de nuestra forma de vida y nuestros trabajos. Y gracias al esfuerzo y a la generosidad de todos los solereños hemos conseguido que nuestro pueblo no desaparezca bajo este proyecto», ha comentado su portavoz, Ana María Rodríguez.

Sin embargo, ha alertado de que la sentencia no es aún firme y «la batalla podría continuar», ante la posibilidad de un recurso ante el TSJA por parte del promotor. Y ello, según ha agregado, pese «a la claridad y contundencia de la sentencia, de la falta de justificaciones y pruebas de su recurso y de la jurisprudencia del TSJA y la doctrina consolidada del Tribunal Supremo en su contra».

Vigilante

De ahí que haya incidido en que «Solera seguirá estando presente» en cualquier otro procedimiento judicial, «siempre vigilante y defendiendo los intereses de sus ciudadanos». «Esperamos que esto acabe aquí y, si hasta ahora ha sido Solera la que ha estado amenazada, confiamos en que mañana no le ocurra lo mismo a Huelma, Cabra o cualquier otro pueblo de Sierra Mágina u otra comarca de Jaén», ha dicho.

Al respecto, ha instado a «seguir con las reivindicaciones» y a «no ceder un milímetro en la defensa de las zonas rurales y sus gentes, ya que los que hablan de la necesidad de atender a la España Vaciada deben empezar por problemas como este».