La UCO expone su "sensación de que para ser proveedor de UGT-A había que aceptar descuentos" de precios al sindicato

Durante esta tercera sesión del juicio en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha comparecido de nuevo como testigo este comandante de la UCO que lideraba la investigación policial de este caso, por el cual se han sentado en el banquillo de los acusados el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Tiempo atrás, recordémoslo, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su «situación de incapacidad sobrevenida», así como con relación a otras siete personas.

Según el Juzgado de Instrucción número nueve, entre 2009 y 2013 mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», que eran «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado».

Para sostener los gastos corrientes

«En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», explicaba el juez instructor, según el cual «el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros».

En este marco, este comandante de la Guardia Civil había manifestado ya este pasado martes en su primera sesión de comparecencia, a preguntas del fiscal Fernando Soto, que las empresas proveedoras de UGT Andalucía hacían «descuentos» al sindicato por determinados «volúmenes» de compra durante periodos concretos, si bien tales descuentos no eran «comunicados al órgano gestor» de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban los gastos, pese a que ninguna legislación dispone que circunstancias así estén exentas de su debido reflejo documental, según este agente.

Las condiciones "para ser proveedor"

Ya este miércoles, este comandante de la UCO ha contestado al grueso de los abogados defensores, insistiendo en el asunto de los «descuentos», pues su «sensación», por la información recabada durante la investigación, es que «para ser proveedor de UGT-A había que aceptar» las exigencias del sindicato respecto a determinados «descuentos» de aproximadamente el diez por ciento en los precios de los servicios y productos.

Esos descuentos, según ha reiterado, no eran «comunicados» a la Junta de Andalucía, con cuyas ayudas eran sufragados los costes de las compras, pese a que de cara al expediente de justificación de las subvenciones UGT-A «debía» informar de estas rebajas de precios que había conseguido.