«Lo que tiene que hacer el Gobierno andaluz es parar ese decreto, que no se convalide el miércoles, retirarlo, es la primera opción y volverlo a corregir en el Consejo de Gobierno o sencillamente tramitarlo como proyecto de ley en el Parlamento y entonces cambiarlo en la tramitación parlamentaria», ha explicado el también portavoz del Grupo Socialista en el Senado, donde ha ofrecido una rueda de prensa, sobre las opciones posibles para el Gobierno andaluz.
«Una opción o la otra», ha reclamado Espadas, quien ha advertido contra esa tentación que ha atribuido al Gobierno andaluz de recuperar una aspiración sobre los terrenos ubicados al norte de la Corona Forestal de Doñana y que eso «genere problemas de seguridad jurídica o problemas de protección de derechos a andaluces».
El líder de los socialistas andaluces ha calificado de «muy grave» el hecho de que «un presidente de la Junta diga una cosa una vez más y haga otra cuando nos despistemos» por cuanto ha esgrimido que recuperar parte del contenido de la Proposición de Ley sobre Doñana se ha hecho en una norma sobre simplificación administrativa que «es un texto muy grande, un decreto ómnibus, donde caben muchas cosas y algunas de ellas sencillamente casi no te da tiempo ni analizarlas».
Espadas, quien ha descrito el Decreto-ley de simplificación administrativa como «una auténtica reforma low cost del ordenamiento jurídico en Andalucía bajo la envolvente de reducir burocracia» cuando entraña «una desprotección de controles preventivos y de instrumentos para que la Administración pueda asegurar la seguridad jurídica o el interés general», se ha lamentado de la intención del Gobierno andaluz de propiciar «la convalidación automática» de esa norma «sin que se dé la posibilidad al Parlamento de tramitarlo a continuación como proyecto de ley».
Tras poner de manifiesto que esa aspiración «impide» a la oposición parlamentaria y a la sociedad «participar, dar su opinión, producir enmiendas» de haberse tramitado como proyecto de ley, y recordar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por cuanto si «no se acredita esa urgente y extraordinaria necesidad, se incurre en un vicio de inconstitucionalidad», Espadas ha explicado que «desde el principio no nos negamos a estudiar en profundidad ese decreto y a apoyar aquello que entendamos que puedan ser trámites administrativos que puedan sustituirse, que puedan reducirse». El secretario general del PSOE andaluz ha recordado que «ya el viernes le anunciábamos un posible recurso al Tribunal Constitucional por faltar garantías formales respecto a la urgente y extraordinaria necesidad» de abordar la simplificación administrativa con un decreto-ley cuando «llevan casi un año tramitando internamente, sin que conozcamos ni un solo borrador en la opinión pública de este texto», se ha rebelado contra el hecho de que «nos querían colar, nada más y nada menos que transcribir una parte de la Proposición de Ley de Doñana».
Espadas ha defendido que esa iniciativa sobre el cambio del uso de suelos en el entorno de Doñana, una aspiración conjunta de PP y PSOE, «se pudo parar gracias a una propuesta del Gobierno de España» para que tras una negociación de Gobierno y Junta de Andalucía se recondujera como «un conjunto de inversiones y de compensaciones socioeconómicas al territorio para no seguir aumentando la presión sobre el acuífero y sobre el ecosistema de Doñana».
«La sorpresa es que en este decreto ley se recupera una parte de esa Proposición de Ley de Doñana y se incorpora al decreto de simplificación», ha continuado explicando Espadas, a través del artículo 242, para esgrimir que «sin duda hay bucear para encontrar», antes de apuntar que «le exigía una explicación política y pública» al presidente de la Junta de Andalucía «porque va frontalmente contra sus palabras cuando dijo que retiraba la Proposición de ley de Doñana y ahora nos la quiere colar en un texto».
Espadas ha sostenido que el Gobierno andaluz reaccionó este lunes «muy nervioso y con declaraciones muy extrañas», así como ha remarcado la evolución de su pronunciamiento público, de manera que pasó «de negar en primer lugar por la mañana que hubiera problema alguno, hasta por la tarde prácticamente pedir disculpas al Gobierno de España por faltar al acuerdo de Doñana y decir que se está dispuesto a retirar esa parte del texto».
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