Archivo - Manifestación por la muerte de Álvaro/Archivo | SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN - Archivo

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Un jurado popular será el encargado a partir del 22 de abril de juzgar el caso del joven Álvaro asesinado en 2022 a las puertas del pub donde trabajaba como portero, en Peal de Becerro (Jaén). Serán dos los acusados, de 19 y 22 años, los que se sentarán en el banquillo, pero sólo a uno Fiscalía le imputa el delito de asesinato, mientras que al otro le reclama una pena de multa por un delito leve de maltrato.

Los hechos que se van a enjuiciar en la Audiencia de Jaén se remontan a la madrugada del 17 de julio de 2022 cuando la víctima, un joven de 29 años, que trabajaba como portero en un pub falleció tras recibir una única puñalada en el tórax que acabó en su vida.

El Ministerio Fiscal recoge en su calificación, a la que ha accedido Europa Press, que e 16 de julio los dos acusados, junto a los hermanos de uno de ellos, «estuvieron bebiendo alcohol y escuchando música con un altavoz portátil, en varios parques de la localidad».

Entrada ya la madrugada del 17 de julio de 2022 decidieron ir a tomar unas copas a un pub del pueblo donde no les dejaron entrar. Se fueron a otro pub, donde trabajaba la víctima. La intención era «pedir bebidas y consumirlas fuera, algo que no estaba permitido, y de lo que educadamente les advirtió»

Uno de los acusados, «con ánimo de atentar la integridad física» ajena golpeó al joven portero en la cabeza con el altavoz portátil que llevaba, «sin causarle herida alguna». El otro acusado, «de una manera totalmente inesperada, de forma sorpresiva, sin dar opción alguna de posible defensa, y motivado por el ánimo de acabar con la vida» de Álvaro, «de forma violenta, le propinó una puñalada con arma blanca en la región torácica izquierda» que «le causó la muerte por shock hipovolémico».

Recoge el Ministerio Público que los acusados «abandonaron el Pub tranquilamente sin prestar ningún de auxilio ni ayuda» a la víctima. Asimismo, indica que los dos acusados «tenían sus facultades para comprender sus actos y la voluntad para decidir intactas al momento de los hechos».

Por todo ello, Fiscalía reclama 20 años de prisión para el jóvenes acusado de propinar la puñalada mortal a Álvaro y 600 euros de multa para el otro joven que se sentará en el banquillo como presunto autor de un delito leve de maltrato de obra. En un primer momento, la Guardia Civil detuvo a cuatro jóvenes, pero sólo ha ejercido la acusación contra dos por su participación directa.

Además de los 20 años de prisión, Fiscalía pide que se imponga al acusado diez años de prohibición de comunicación y acercamiento a la familia y pareja del fallecido, así como de permanecer o residir en Peal de Becerro.

A ello se le suma la obligación de participar en programas formativos contra la violencia durante cinco años después del cumplimiento de la condena. En concepto de responsabilidad cvil, el Ministerio Público la fija en 100.000 euros para la pareja del fallecido y otros 100.000 euros para cada uno de los progenitores.

Altercados

Cuando ocurrieron los hechos que se van a enjuiciar, Peal de Becerro se echó a la calle de forma masiva para condenar esta muerte violenta. Unas 2.000 personas se manifestaron de forma pacífica, pero al término de la manifestación se produjeron incidentes.

Una vez disuelta la manifestación, un grupo de unas 1.000 personas se dirigió a la calle Andrés Segovia, donde residían los detenidos y sus familias. Fue entonces cuando se saltaron la línea de seguridad establecida por la Guardia Civil y lograron volcar tres vehículos propiedad de los detenidos, así como realizar algunas pintadas.

Cuando llegaron los refuerzos de la Guardia Civil, los asaltantes se dispersaron, pero un grupo se dirigió a la calle del Sol, donde residen familias de etnia gitana y sin ninguna conexión con los detenidos. Fue allí donde causaron daños a varias viviendas, todas ellas deshabitadas, e incluso se registró un incendio en una casa, al parecer provocado.

Entonces, entidades como la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali o la Sociedad Gitana Española, denunciaron estos hechos, tras los que huyeron familias gitanas por temor a represalias.

La Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias de investigación penal por estos hechos y también emprendió acciones el Defensor del Pueblo de España después de recibir una queja desde la Sociedad Gitana Española.

En septiembre de 2022, Peal de Becerro volvió a manifestarse para pedir justicia para Álvaro y lo hizo con una concentración que en esta ocasión transcurrió sin ningún tipo de incidente, ni antes ni después de la misma.