La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha abierto consulta pública previa sobre un proyecto de orden destinado a aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, «para la financiación de planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía».
Este proceso de consulta pública previa permanece abierto desde el pasado 14 de febrero y se prolongará hasta el próximo 6 de marzo, periodo de tiempo durante el cual se pueden trasladar aportaciones a la Consejería de Empleo a través de la dirección de correo electrónico 'ds.nc.dgfpe.ceeta@juntadeandalucia.es', incluyendo en el mensaje el nombre y apellidos, o razón social o denominación de la entidad a la que represente quien envía cada propuesta.
Según se detalla en la información que ha publicado la Junta de Andalucía en su página web acerca de esta consulta pública previa, consultada por Europa Press, las subvenciones reguladas en esta orden tienen como finalidad «el desarrollo de planes de formación que incluyan actividades formativas dirigidas a la capacitación de personas vinculadas con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Andalucía».
Desde la Consejería de Empleo se defiende que la elaboración de este proyecto de orden «se encuentra justificada por la importancia de fomentar el diálogo social y la negociación colectiva en el ámbito territorial» de la comunidad autónoma andaluza, «como herramientas poderosas de cara a la creación de empleo, y que el mismo sea de calidad, es decir, como instrumentos tendentes a la mejora de los niveles de empleabilidad de las personas trabajadoras de Andalucía».
Por eso, desde la Consejería se quieren aprobar las bases reguladoras de «unas subvenciones destinadas, precisamente, a los actores fundamentales de esta cuestión, como son los agentes económicos y sociales, con el objetivo de mejorar sus niveles de cualificación y formación».
Igualmente, por parte del departamento que dirige Rocío Blanco se trae a colación de este proyecto de orden «lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional 71/2018, de 21 de junio», que «reiteró la regla general que atribuye la competencia ejecutiva, respecto a las ayudas dirigidas a la formación interna de los agentes sociales, a las comunidades autónomas».
De esta manera, el objetivo de este proyecto de orden es «la regulación de las subvenciones destinadas a financiar actividades formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva dentro del ámbito autonómico andaluz, tanto para las organizaciones sindicales y fundaciones u otras entidades constituidas por aquellas como para las asociaciones empresariales».
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