Así se recoge en una respuesta escrita de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, a una pregunta registrada en el Parlamento por el diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado relativa a las acciones contra las cláusulas abusivas a las personas consumidoras de los festivales de música de Andalucía.
En su respuesta, consultada por Europa Press tras su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, la consejera explica que, en el caso de los festivales de música, se han recibido denuncias y reclamaciones en relación a cuestiones como «la limitación de acceso con comidas y bebidas del exterior; la necesidad de abonar un importe adicional en caso de salir del recinto y volver a acceder al mismo», o «la imposibilidad de realizar pagos en efectivo».
También, respecto a «la necesidad de abonar un importe para recuperar el dinero no utilizado en la tarjeta 'cashless'», y «la concesión de un plazo de tiempo muy corto para solicitar la devolución del importe sobrante en la tarjeta 'cashless'».
Carolina España aprovecha su respuesta para subrayar que los andaluces disponen «de un amplio catálogo de herramientas para ejercer y garantizar» sus «derechos como consumidores», que «van desde los sistemas arbitrales, las denuncias, o las hojas de quejas y reclamaciones, que pueden ser interpuestas en diferentes órganos autonómicos o municipales».
A ello «hay que añadir la intervención del Plan de Inspección de Consumo», que para el pasado año 2023 preveía «más de 9.000 controles», según detalla también la consejera.
De igual modo, la titular andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos precisa en su contestación a la pregunta del diputado de Por Andalucía que «denuncias y reclamaciones tienen un procedimiento totalmente normalizado, pero con algunas particularidades».
Así, en el caso de las reclamaciones, «se procede a mediar con la empresa reclamada para intentar alcanzar una solución satisfactoria para la persona reclamante», según abunda la consejera, que aclara que, «por ese motivo, es habitual realizar requerimientos de documentación tanto al reclamante como a la empresa reclamada».
En el caso de las denuncias, «se procede a la inspección de los hechos denunciados para comprobar si los mismos son constitutivos de infracción según la normativa vigente». Habitualmente, dicha inspección exige la realización de requerimientos de documentación a la empresa inspeccionada, con determinados plazos de tiempo, continúa explicando la consejera, quien indica que, «si se detectaran infracciones, se iniciaría un procedimiento sancionador».
Finalmente, la consejera advierte de que la cuestión de las «cláusulas abusivas» está «explícitamente tipificada en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, y es una infracción calificada como grave, que puede ser sancionable con multas de 5.000 a 60.000 euros», así como concluye subrayando que «tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tienen competencias en materia de consumo».
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