Así aparece detallado en el proyecto de actualización del decreto que regula los tratamientos con estos opiáceos consultado por Europa Press y con el que se actualiza el Decreto de 2023. «La experiencia acumulada en los últimos años hace necesaria la simplificación y actualización de los procesos de acreditación de los centros o servicios, así como la modificación normativa para fomentar la transparencia, seguridad jurídica y agilidad de los medios dispuestos para la regulación del tratamiento con opiáceos de personas dependientes de los mismos», se afirma en el documento publicado.
Para adaptar la normativa a los principios de «accesibilidad, transparencia y simplicidad», se simplifica el procedimiento y se racionaliza la documentación a presentar para la acreditación y tipología de centros. Con estos cambios se considerarán acreditados aquellos centros públicos y concertados que pertenezcan a la red pública de atención a las adicciones de Andalucía.
En relación con los opióides, la Consejería ha impulsado un procedimiento de actuación en pacientes con adicciones a opioides de prescripción médica con el objetivo de abordar el tratamiento a estas personas y reducir los casos de adicciones. Este plan se dirige a pacientes que, tras una prescripción médica para combatir el dolor, han desarrollado un patrón de abuso o dependencia del fármaco, lo que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos. Además, esta situación puede derivar en consumo de opioides ilegales (heroína o fentanilo de origen ilícito) con diversas consecuencias negativas.
En primer lugar, el procedimiento establece la identificación de estos usuarios con trastorno por consumo de opioides (TCO). Generalmente, estas personas se definen como pacientes que han ido aumentando la dosis del fármaco respecto a la prescrita en la unidad de origen y frecuenta los servicios demandando nuevas recetas sin finalidad analgésica. En la mayoría de los casos, no tienen conciencia de tener una dependencia y es posible el rechazo cuando se le plantee en consulta.
Para afrontar este problema, la Consejería de Salud y Consumo ha puesto en marcha esta actuación conjunta de colaboración entre los profesionales implicados, con objeto de alcanzar un control óptimo del dolor en el paciente. Desde los Servicios de Farmacia de Atención Primaria se detectarán, a través del sistema de información del consumo de recetas, los pacientes con dosis abusivas de opioides.
Los datos de los pacientes identificados se comunicarán a sus médicos correspondientes que establecerá un plan de acción personalizado y realizará un seguimiento periódico a estos usuarios. Del listado de pacientes se excluirán aquellos que, por su situación clínica (cáncer, enfermedad avanzada, terminales), no fueran candidatos a esta intervención.
El procedimiento establece que sólo un médico del sistema sanitario público sea quién prescriba opioides a un paciente, evitando redundancias o recetas en soporte papel. En este sentido, se analizarán especialmente la atención ofrecida por los servicios de urgencia para identificar pacientes con TCO y no añadir nuevas prescripciones crónicas de opioides. Para conseguir este objetivo, es fundamental la receta electrónica que permite disponer de un listado único de medicamentos prescritos para cada paciente.
Deshabituación en las consultas de atención primaria
Los médicos de Atención Primaria, tras valorar la situación clínica de los pacientes identificados, iniciarán el tratamiento más adecuado. El médico planteará la retirada paulatina de la prescripción consensuada con el paciente cuando el motivo del dolor esté resuelto, se observe falta de eficacia del tratamiento, un uso relativamente prolongado o con un balance riesgo/beneficio desfavorable para el usuario.
De esta forma, se establecen diversas pautas de desescalada. Además del ajuste farmacológico (incluyendo el cambio de opioide) se recomienda apoyo psicológico y de grupos de apoyo social. Para esta labor, se creará un equipo multidisciplinar para la retirada paulatina de la prescripción de opioides como apoyo al médico de familia. Estos equipos estarán integrados por farmacéuticos, enfermeros y trabajadores sociales y se contará con la participación de, entre otros profesionales, los de los Equipos de Salud Mental, Unidades del Dolor y Centros de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones (CTA), así como, la de otros perfiles profesionales (fisioterapeutas, farmacólogos, inspectores de servicios).
Estos equipos desarrollarán los protocolos clínicos locales y, cuando sea adecuado, la elaboración de Planes de Acción Personalizados. Ambos se basarán en las guías y protocolos que se establecen de referencia. En función de la evolución de cada paciente, el médico de atención primaria valorará la conveniencia de derivación a alguna de las unidades de apoyo que se establece y que deberán estar específicamente contempladas en los protocolos locales.
En caso necesario, el médico de familia informará al paciente de la conveniencia de su tratamiento en un Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones (CTA), Unidad del Dolor o en los equipos de salud mental y procederá a su derivación. Esta derivación está especialmente indicada en pacientes con un perfil más adictivo, con deterioro de la capacidad de control, incluyendo conductas aberrantes y/o consumo problemático de otros grupos de fármacos o drogas y cuya finalidad de uso no sea quitar el dolor.
Los Centros de la Red Pública de Tratamiento de Adicciones son los referentes en la instauración de tratamientos integrales y, por tanto, biopsicosociales, para dependencia a sustancias que incluyen la desintoxicación y la deshabituación, así como el apoyo psicológico y social. En el caso de los pacientes con TCO que siguen manifestando un dolor moderado a severo se recomienda la derivación a las unidades del dolor que valorarán las distintas opciones terapéuticas disponibles. Por su parte, los pacientes con depresión grave o no controlada, riesgo de suicidio, enfermedad mental grave o rasgos de personalidad poco flexibles podrán ser derivados a los Equipos de Salud Mental Consumo de opioides
Los profesionales médicos del Servicio Andaluz de Salud prescribieron opioides a 47.362 pacientes en el año 2022, un 8,8% más que en el año 2018. Si bien, gracias a la implantación del procedimiento de visado de receta del fentanilo de liberación inmediata en julio del 2021, el consumo de estos medicamentos ha disminuido su crecimiento y ha registrado, durante 2022, un descenso del 0,4%. A través del visado se ha logrado frenar el uso indebido del fentanilo de liberación inmediata.
No obstante, desde la Subdirección de Farmacia del SAS, se subraya que «la prevalencia de pacientes con Trastorno por Consumo de Opioides de prescripción, cualquiera que haya sido el opioide de inicio, sigue siendo relevante y la calidad de vida de estos pacientes está seriamente afectada».
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