Así lo ha explicado Pedro Castilla, abogado de una parte de la defensa, a la salida de los juzgados gaditanos, quien ha asegurado que «en ningún caso deberían haber sido encausados» ya que son «trabajadores del metal que estaban ejerciendo un derecho constitucional» al manifestarse contra un convenio colectivo «que no es malo pero no se cumple».
En concreto, ha detallado que el delito por desórdenes públicos contempla hasta un máximo de seis años de cárcel y que una modificación del Código Penal lo sitúa en una horquilla de entre cuatro a seis años. No obstante, se ha mantenido «la redacción antigua» y el beneficio que se aplica es «el más beneficioso al reo».
Así, en este caso, se mantiene la calificación de tres años como desórdenes públicos, pero los autos se remitirán a la Audiencia Provincial de Cádiz, que es «el órgano competente» para instruir esta causa.
Ahora, ha dicho el abogado, «hay que esperar que se trasladen todos los autos a la Audiencia, que es donde se deberían haber trasladado en su momento», alertando que esto «es un defecto de forma per se, independientemente de la modificación del delito del artículo 557 del Código Penal», algo que estableció el fiscal, según Pedro Castilla. Así, habrá una remisión de todos los autos a la Audiencia Provincial y se encauzará todo por el procedimiento en el órgano competente.
A pesar del cambio de órgano para instruir el proceso judicial, el abogado ha indicado que la Fiscalía mantiene la calificación dos años de cárcel por desorden público y uno por atentado a la autoridad para cada uno de ellos.
También ha advertido sobre «los defectos formales» del proceso, ya que no han sido citados dos testigos de los hechos que había solicitado la defensa, ni esta ha tenido conocimiento de los autos «hasta pocos días antes de la celebración de esta vista». Además, ha dicho no saber que uno de los defendidos ya había sido absuelto «hace unos ochos meses» por el Juzgado de Instrucción número uno de Puerto Real.
Manuel Barbé, miembro de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), ha valorado de forma positiva la suspensión de este juicio ya que con ello los abogados de sus compañeros dispondrán de «más tiempo» para preparar la defensa. «El abogado nos comentó que tuvo bastantes problemas para recopilar toda la información y, lógicamente, entendemos que este tiempo que va a tener va a ser mejor para preparar los juicios y tener una buena defensa como debe de ser», ha argumentado.
Según ha manifestado, este hecho «va a alargar un poquito más es la agonía» de sus compañeros encausados aunque asegurando que eso es «positivo para ellos también porque entendemos que ha habido dificultades para tener toda la documentación y entendemos que todo es positivo».
Antes de iniciarse el juicio, el portavoz de la CTM, Jesús Galván, aseguraba que «no se puede atacar con el código penal a trabajadores por salir a defender nuestros derechos», poniendo el foco en el hecho de que estos manifestantes se vean «en la dramática situación de entrar en prisión» por salir a las calles «a defender nuestros derechos y el futuro de nuestra tierra».
La jornada frente a los juzgados de lo Penal de Cádiz ha comenzado temprano con una concentración a las puertas de este edificio en la que han participado trabajadores del metal, representantes de la plantilla en huelga de Acerinox y sociedad civil. Más de un centenar de personas que han acudido para apoyar a los encausados por su presunta participación en los disturbios producidos en noviembre de 2021 durante la huelga del metal.
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