El investigado, que se hacía pasar por un gestor administrativo, se lucraba de la necesidad que mostraban sus víctimas, la mayoría extranjeras, al precisar estas, de modo urgente, de la realización de trámites administrativos para regularizar su situación en el país, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. De los hechos entiende el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona.
La investigación, realizada por el Grupo de Patrimonio de UDEV de la Comisaría de Estepona, se inició en junio de 2023 como consecuencia del alto número de denuncias recibidas sobre la posible estafa de un gestor administrativo.
Al parecer, el investigado ofertaba la tramitación de diversas gestiones como altas y/o renovaciones de Número de Identificación de Extranjeros (NIE), expedientes en la Oficina de Extranjería y certificados de discapacidad, entre otras de similar naturaleza.
Las averiguaciones sobre el perfil de los afectados revelaron un patrón similar, presentando la mayoría de ellos la necesidad urgente de obtener la tramitación de sus expedientes para regularizar su situación en el país.
Además, entre los propios perjudicados existían vínculos de consanguinidad o amistad, ya que se recomendaban los unos a los otros al mismo gestor, por su supuesta eficacia, ignorando que la documentación final que recibían resultaría fraudulenta.
El modus operandi del investigado consistiría en gestiones online, contactos telefónicos y reuniones en lugares públicos, realizando los cobros siempre en efectivo y sin dejar rastro del pago.
Desde el momento del abono de los trabajos, las víctimas recibían evasivas por parte del gestor, alegando demoras, errores o problemas por parte de la administración. Más adelante, las víctimas recibían su documentación, percatándose de que esta era fraudulenta después de personarse en algún centro público para realizar algún trámite.
En el estudio de las pruebas aportadas por los denunciantes, los agentes pudieron observar que los documentos contenían manipulaciones rudimentarias en los elementos únicos identificativos, en los códigos de seguridad de verificación (CSV) y los números de expedientes de tramitación.
Así, finalmente, tras la identificación plena y localización del investigado, el pasado 7 de marzo se procedió a su detención en relación con los hechos.
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