La Fiscalía ha pedido dos años y medio de prisión para el administrador único de una empresa de telecomunicaciones y una socia de la mercantil, empresa que también figura como acusada en esta causa por una supuesta estafa de 29.723 euros en Baza, en el norte de la provincia de Granada, a un hombre al que habrían prometido en octubre de 2016 hacerlo socio de la misma «con un 40 por ciento de participación social para poner en funcionamiento un operador» mediante la «instalación de una antena distribuidora de señal propia e independiente».
Así consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en un caso que ha investigado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Baza, que, en un auto con fecha del pasado 5 de marzo, acordó la apertura de juicio oral.
Este procedimiento abreviado, cuyo juicio se celebrará en un Juzgado de lo Penal de Granada, se sigue en concreto por la presunta comisión de un delito de estafa junto con otro de falsedad en documento mercantil, según consta en el citado auto, al que ha tenido acceso Europa Press.
A la compañía se la acusa por la presunta comisión del delito de estafa, y se enfrenta en este sentido a la imposición de una multa de 89.170 euros, una petición de la Fiscalía a la que se suma, como en las solicitudes de cárcel para los dos procesados, la acusación particular que ejerce el denunciante.
El ministerio público señala que los acusados, supuestamente «tras enviarle documentación relativa al negocio», habrían manifestado al denunciante «que ya habían adquirido por importe de 49.900 euros la mencionada antena», exhibiéndole «las facturas de compra a nombre de la mercantil», en concreto una de 19 de diciembre de 2016 por 37.400 euros más IVA y otra de 30 de junio de 2017 por 12.500 euros también más el citado impuesto.
Estas facturas habrían sido, según el fiscal, «manipuladas y alteradas por los acusados entre otros extremos en lo que se refería al precio real de adquisición de la antena de telecomunicaciones y que ascendía al importe de 25.000 euros, haciéndole creer de esta manera» a la víctima, prosigue la Fiscalía, «que el precio de compra de la antena era el doble».
Habrían conseguido de este modo que el mismo «entregara a los acusados el doble de la cantidad que por este concepto le correspondía por su 40 por ciento de participación», no llegando los procesados, que se habrían movido «de común acuerdo y con ánimo de enriquecimiento injusto», a «cumplir su compromiso de hacerlo socio ya que su intención desde el principio no era esa».
A las peticiones de cárcel, el ministerio público suma la petición de multas por 5.400 euros, mientras que la acusación particular las sitúa en 3.000 euros. Los acusados se enfrentan también al pago de 29.723 euros, el equivalente a la cantidad defraudada, en concepto de indemnización a su víctima en concepto de responsabilidad civil.
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