La iniciativa consta de 19 puntos con exigencias hacia la Administración autonómica y también hacia el Estado.
La iniciativa de Vox reclama a la Junta de Andalucía «acabar con las políticas de efecto llamada» porque «las falsas promesas de un futuro mejor en Europa» han propiciado que «miles de personas se jueguen la vida y perderla trágicamente».
Pide a la Administración autonómica «eliminar las subvenciones» a las asociaciones y organizaciones que «promuevan o faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas».
Reclama al Gobierno andaluz «suspender la cooperación al desarrollo con Senegal o cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios» en los acuerdos bilaterales suscritos.
Pide a la Junta de Andalucía «suspender la cooperación al desarrollo» con los países que tengan «paralizadas» las negociaciones con la Unión Europea para la readmisión de inmigrantes, entre los que cita a «Argelia o Marruecos».
Propone Vox al Parlamento de Andalucía que exprese su oposición a «la reubicación en el territorio municipal o regional» a los inmigrantes a los que califica de entrada irregular si no ha solicitado protección internacional.
Reclama de la Junta de Andalucía «poner todos los medios» para «no habilitar ninguna partida presupuestaria» dedicada a «la reubicación de inmigrantes ilegales a nuestra región».
Requiere al Gobierno andaluz «acabar con las políticas en materia de cooperación internacional y con todas las ayudas relacionadas» tras argumentar que las realiza la Administración del Estado y en ese sentido plantea «suspender de forma inmediata cualquier pago destinado a Palestina o, en su caso, a cualquier oenegé que opere en Palestina» con el argumento de «evitar que ni un solo euro de los españoles vaya destinado a organizaciones terroristas como Hamás».
Quiere Vox que la Junta reclame al Estado «tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país», así como promueve el «parecer favorable» del Parlamento para que todas las administraciones aclaren que «cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación ni recibir ningún tipo de ayuda pública».
Plantea a la Junta que recabe, a su vez, del Estado «la lista de países seguros», conforme a una Directiva comunitaria y que son aquellos donde «no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado».
Evitar el fraude de ley en la tramitación de la petición de asilo
Reclama al Gobierno andaluz que requiera seguidamente a la Administración del Estado «impulsar las reformas legales» con la idea de que «ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo», además de apostar por «endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal».
La iniciativa demanda a la Junta para que logre del Gobierno «la correcta transposición de la directiva de retorno en España» con aspectos como el internamiento de extranjeros en centros que «tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno».
Exige a la Junta que solicite al Estado «aplicar de forma sistemática y rigurosa» la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas de acogida para los solicitantes de protección internacional con la pretensión de proceder «al internamiento» de quienes soliciten protección internacional y comprobar si hay «causas de exclusión o denegación de la protección» para en ese caso «acordarla (la expulsión) inmediatamente teniendo en cuenta el criterio de país seguro», mientras que plantea «no reconocer protección internacional, por ejemplo, a quienes proceden de Marruecos, Argelia y otros países seguros».
Reclama de la Junta al Gobierno «refuerzos de personal para tramitar las solitudes de asilo y de resolver los expedientes de extranjería» para que de esa forma «ningún inmigrante ilegal pueda verse favorecido por los retrasos de la Administración».
Demanda de la Administración autonómica que gestione con el Gobierno generalizar en todos los municipios de España la elaboración y aprobación de una ordenanza sobre el procedimiento sancionador ante los incumplimientos con el padrón municipal «a fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse».
Ante un escenario de «reubicación de inmigrantes ilegales en nuestra región» recaba Vox el parecer «favorable» de la Cámara autonómica a que «se aumente y refuerce la presencia policial» para «garantizar la seguridad de los vecinos» y «tener controlados a los inmigrantes ilegales mientras se tramitan sus expedientes de expulsión».
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