La investigación policial ha tenido inicio a raíz de la denuncia de un hombre en calidad de representante de una comunidad de vecinos de Alicante que denunciaba que la persona que hasta ese momento había actuado como administradora de la finca no podía ser localizada «de ninguna manera» por los vecinos.
Además, alertaba de que tenía en su poder toda la documentación de comunidad y sospechaba que pudiera haber «desaparecido voluntariamente» tras desviar el dinero de la cuenta bancaria de la comunidad de vecinos a terceras cuentas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Tres días después fue interpuesta otra denuncia, esta vez por una mujer, en calidad de presidenta de otra comunidad de vecinos también de la ciudad de Alicante, en la que denunciaba que la administradora de fincas que tenían contratada había desaparecido con toda la documentación de la comunidad.
La mujer tenía la sospecha de que el dinero de la misma había sido retirado o transferido a otras cuentas bancarias y que el motivo por el que no había podido localizarla «de ninguna manera» debía a que había desaparecido también «de manera voluntaria».
Ante estos hechos, los agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante han iniciado una investigación con estas dos denuncias, puesto que la persona que actuaba como administradora de ambas comunidades de vecinos era la misma: una mujer de 47 años de nacionalidad española.
A lo largo de la investigación, los agentes han relacionado estas dos denuncias con hasta ocho más y han comprobado que la principal investigada había transferido, en primer lugar, desde la cuenta bancaria de una de estas comunidades de vecinos a la cuenta bancaria de la empresa en la que trabajaba como administradora de fincas, alrededor de 43.000 euros mediante 98 transferencias. Además, en esa cuenta figuraba también como titular un hombre que tenía «total conocimiento» de que había sido transferido ese dinero a su cuenta.
Otras 80 transferencias
Por otro lado, los agentes han comprobado que se habían realizado otras 80 transferencias por un importe de cerca de 16.400 euros a la misma cuenta bancaria en la que figuraba como titular junto con el otro investigado, y otras 15 transferencias por un importe de 3.275 euros a una tercera cuenta bancaria en la que igualmente figuraban como titulares los dos investigados.
Además de haber realizado «numerosas» transferencias más por diferentes importes, la investigada mantenía en su poder «numerosa» documentación de todas estas comunidades de vecinos, motivo por el que se habían interpuesto algunas de las denuncias por parte de los representantes de estas comunidades.
Los agentes han averiguado durante la investigación que parte del dinero retirado de la cuenta de una de estas comunidades de vecinos había sido transferido nuevamente a otra cuenta que era propiedad de una tercera comunidad.
Tras contactar con el administrador de esa tercera comunidad de vecinos, este manifestó que la administradora que tenían anteriormente se había apropiado de parte del dinero de la comunidad, pero finalmente no la denunciaron porque devolvió el dinero mediante una transferencia.
Los agentes, «casualmente», han podido comprobar que algunas de esas transferencias se habían realizado desde las cuentas bancarias de algunas de las comunidades a las cuentas de otras de las que la principal investigada había extraído dinero sin autorización. La mujer había realizado estas operaciones para «evitar ser denunciada».
Finalmente los agentes han identificado a los dos investigados, un hombre y una mujer de 52 y 47 años de edad, respectivamente, ambos de nacionalidad española, que han sido localizados y detenidos por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida.
Los agentes han conseguido recuperar numerosa documentación de varias comunidades de propietarios de las que la detenida había sido administradora, entre ella diez libros de actas que fueron devueltos a los presidentes de las respectivas comunidades. Todas las actuaciones han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.
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