El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d), junto al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín (i), a su salida del Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid en la delegación del Gobierno en Madrid, a 18 de marzo de | Eduardo Parra - Europa Press

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El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido este lunes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que regularice los 25.000 pisos turísticos ilegales por la «brecha de seguridad» que generan.

En la rueda de prensa posterior a la Junta y Consejo de Seguridad, Martín ha indicado que se lo ha pedido, al igual que lo han hecho ya entidades empresariales, sociales y vecinales. Según explica, con la regularización la Policía, como en cualquier hotel u hostal, tendrá la información y el DNI de los huéspedes.

Por su parte, el alcalde ha indicado en la misma rueda de prensa que en la reunión se ha abordado el problema de la okupación en Madrid, que afecta a más de mil viviendas actualmente en la capital, «un drama urbano para el titular de esos inmuebles y también para los vecinos, ya que les genera problemas».

Marco normativo

«En la reunión se ha puesto de manifiesto un necesario marco normativo para dar agilidad y rapidez a las desocupaciones, pero dado el carácter garantista del procedimiento jurídico es complicado que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lleguen al desalojo. Todos somos conscientes de la necesidad imperiosa de acabar con esta problema, que es compartido por la Policía y por ambas administraciones», ha indicado.

El representante del Gobierno central en Madrid le ha replicado que el principal problema relacionado con la vivienda en la región no son las okupaciones, sino «las casi 25.000 de uso turístico que no están reguladas». «Hay 200 regulados, por lo que el problema no es la okupación, que utilizan para generar una alarma social que poco tiene que ver con la realidad», ha añadido.

El problema en Madrid, según Francisco Martín, es el acceso a la vivienda, por lo que ha pedido a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid que «cumplan» la Ley de Vivienda en cuanto a fijar zonas tensionadas y «que no se declaren en rebeldía, para facilitar así el acceso a la vivienda a las personas que lo necesitan».