La situación de las viviendas de la Cañada Real Galiana y la falta de suministro que padecen desde hace más de tres años --la cual afecta a más de 4.000 vecinos, 1.800 de ellos niños-- se ha colado un año más en el Informe anual que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes en el Congreso de los Diputados.
Según recuerda este informe, durante 2023 la institución ha continuado la tramitación de las actuaciones sobre esta cuestión, de las que ya dio cuenta en el informe correspondiente al año anterior.
En este periodo, finalizó las actuaciones con el Ayuntamiento de Coslada (Madrid), al comprobar que el tramo de la antigua cañada que discurre por dicho municipio se subsumió en el tejido urbano con normalidad y las viviendas allí ubicadas ya cuentan con suministro eléctrico regular.
En este sentido, cabe recordar que los sectores V y VI afectados por esta situación se ubican en los términos municipales de Madrid y Rivas Vaciamadrid.
Precisamente en lo que respecta al resto de administraciones implicadas, dejó suspendidas las actuaciones hasta contar con la respuesta de todas ellas.
El Defensor señala que, tras la interposición por distintos colectivos de una reclamación ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa (Procedimiento de Reclamación Colectiva 206/2022), la institución fue invitada por dicho comité a presentar sus observaciones en calidad de tercero sobre la reclamación, la cual al cierre de este informe se encuentra pendiente de resolución.
Reciente acuerdo entre administraciones
Este mismo mes de marzo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España; la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; la Delegación de Gobierno en Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas acordaron un Plan Extraordinario de realojos en la Cañada Real Galiana.
El documento recoge los compromisos y las actuaciones a llevar a cabo por todos los agentes y administraciones que forman parte de la Comisión de Realojos.
En cuanto a la inversión estimada, se alcanzará un total de 330 millones de euros a razón de 110 millones de euros por cada uno de los tres niveles de administración actuantes, el Ministerio de Vivienda, la Comunidad de Madrid y los consistorios, en proporción al número de familias realojadas en cada municipio.
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