La responsable autonómica --que ha participado en la Conferencia General de Política Universitaria, presidida por la ministra Diana Morant-- ha instado a seguir trabajando y avanzando en el grupo de trabajo creado con las Comunidades Autónomas --que ha celebrado ya tres reuniones-- para acordar un modelo de financiación justo, en base al principio de lealtad institucional. En este sentido, ha defendido que debe ser el Estado el que se haga cargo de los costes que deriven de sus iniciativas legislativas.
Gracias al posicionamiento de Aragón, así como al de otras Comunidades que reclamaban igualmente un mayor compromiso económico por parte del Gobierno central, el Ministerio finalmente ha presentado un nuevo proyecto de financiación de las plazas necesarias para aplicar la LOSU.
Este último plan multiplica por más del doble las plazas que podría financiar el Estado durante seis años --pasando de las 1.300 iniciales a 3.400--. La propuesta pasaría por financiar en torno al 70% de los nuevos profesores ayudantes doctor en la Universidad de Zaragoza.
«Hemos conseguido que el Gobierno central se aviniera a dialogar con las Comunidades, y asumiera que su esfuerzo presupuestario debía ser mucho mayor. Ahora, vamos a seguir estudiando la nueva propuesta en el seno de la Comunidad Autónoma y con el mismo Ministerio», ha señalado la consejera al término de la reunión.
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