La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este martes el modelo de colaboración público-privada en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), con una titularidad cien por cien pública y un sistema «transparente», «garantista» y sometido a una exhaustiva fiscalización, y ha desligado cualquier relación de la Administración madrileña con los negocios de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
En declaraciones a los medios en la sede de la Consejería de Sanidad, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha defendido «el modelo de éxito» de colaboración público-privada que se usa en la Comunidad de Madrid al ser «garantista, transparente», «dentro de un marco jurídico bien establecido» y «siempre bajo la titularidad pública de todos los hospitales que dan servicio a los madrileños» y sin motivación por parte de ningún elemento «subjetivo» que pueda guiar la contratación.
En concreto, de los 35 hospitales públicos de la región, cuatro son de gestión indirecta --la Fundación Jiménez Díaz (concertado), el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba (estos tres últimos concesionados)--, que prestan asistencia a más del 20% de la población madrileña.
PSOE y Más Madrid han reclamado en la Asamblea de Madrid la fiscalización de los contratos con el Grupo Quirón, con Quirón Prevención entre los principales clientes de Alberto González. Todo ello, después de que La Fiscalía de Madrid acusara al empresario de dos supuestos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. La cantidad defraudada alcanzaría los 350.951 euros.
En concreto, se trata de dos supuestos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil. Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente Quiron Salud, haciéndolo a través de la empresa Masterman & Whitaker, de la que es socio único y administrador la pareja de Ayuso.
En este sentido, desde la Consejería de Sanidad han hecho hincapié en que su relación contractual con las empresas se rige bajo «estrictos criterios jurídicos y objetivos, sin que pesen ningún tipo de aspecto subjetivos». En la misma línea, han subrayado la diferencia que existe entre Quirón Salud y Quirón Prevención, que «en términos jurídicos y de actividad son compañías diferentes».
En el caso de Quirón Salud, es concesionaria de tres de los hospitales de gestión indirecta del Sermas (Valdemoro, Móstoles y Collado Villalba). Según la información publicada, esta empresa cuadruplicó los pagos a Alberto González en 2021 por trabajos de consultoría, por los que recibió 1.049.500 euros, casi cuatro veces más que el año anterior (275.273,83 euros).
Desde la Administración madrileña se ha subrayado que el peso de los conciertos no ha aumentado en los últimos años ni va a aumentar y se ha explicado que el incremento de gasto en los hospitales de gestión indirecta contemplado en las cuentas públicas respecto a años anteriores obedece a un aumento de la demanda asistencial, pero son los de gestión directa los que han ido ganando mayor peso en los presupuestos regionales.
En el caso de Quirón Prevención, se encarga de realizar desde 2018 los chequeos médicos a funcionarios de la región, un servicio dirigido a sus 90.000 empleados públicos del que se han beneficiado en el último año unos 9.000. La Comunidad de Madrid convocó en 2021 un nuevo concurso para la prestación de este servicio, que en un primer momento quedó desierto y al que posteriormente sólo se presentó Quirón, por lo que se le adjudicó el contrato, cuya vigencia finaliza el 31 de julio de este año.
El gobierno de sánchez, 15 veces más
En este sentido, desde el Gobierno regional se ha recordado que esta empresa también contrata con el Gobierno central que encabeza Pedro Sánchez. Según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, desde 2019 el Ejecutivo central ha gastado 159 millones de euros en contratos con Quirón Prevención, es decir, 15 veces más que la región y seis veces más que el conjunto de las demás regiones.
En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, desde ese año se han destinado millones de euros a esta empresa, el 5% del gasto generado para el conjunto de las Administraciones Públicas, mientras que el resto de comunidades autónomas han gastado 57 millones de euros. Además, según han destacado desde el Ejecutivo autonómico, en 2023 se destinó un millón de euros menos que el año anterior.
Transparencia y fiscalización
Durante su atención a medios, la consejera de Sanidad ha insistido en que la relación con Quirón se basa en «un modelo de colaboración contractual con garantías jurídicas» que «es transparente, es titularidad de servicio público lo que se hace», es «garantista» y «está auditado y fiscalizado».
En concreto, los centros concertados reciben un pago por actividad realizada por parte de la Consejería de Sanidad, que se liquida a mes vencido. En el último año, han atendido más de 130.000 ingresos, han realizado más de 135.000 intervenciones quirúrgicas, más de un millón de consultas externas, dispensado más de 270.000 tratamientos de hospital de día, y llevado a cabo más de 750.000 pruebas diagnósticas.
Para ello, se realizan tres auditorías de las cuentas: de aseguramiento, realizada por la Comunidad para determinar de toda la actividad declarada por el centro qué pacientes están asegurados y tienen derecho a la asistencia; de datos, que verifica que la actividad trasladada a los sistemas de información es veraz; y de actividad, con la que se comprueba la concordancia respecto de lo declarado y efectivamente realizado.
Proceso auditor y pago por actividad realizada
Desde la Consejería de Sanidad se ha potenciado el avance de sistemas informáticos para realizar estas auditorias, con una decena de auditores expertos que se encargan de esta tarea, con el objetivo, entre otros, de agilizar los tiempos para evitar el pago de intereses de demora y con la «convalidación cero» como objetivo y línea roja.
En el proceso auditor, además, se abre un periodo de alegaciones para que las empresas concesionarias puedan trasladar sus discrepancias. Finalmente, se somete a la fiscalización de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, que presta especial atención a las cuentas relativas al Sermas. En caso de discrepancia, se acude finalmente a los tribunales, donde la Comunidad tiene abiertos procesos en este sentido desde 2016.
«Hay una fiscalización euro a euro, prueba a prueba, que se realiza, porque no pagamos ningún euro por nada que no esté realizado, solo pagamos actividad efectivamente realizada», ha zanjado la titular de Sanidad, que ha defendido este modelo de «éxito» de colaboración público-privada y ha recordado que se recibe además con «gran satisfacción» por parte de los madrileños.
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