En aplicación de este plan, el Departamento de Vivienda establecerá concesiones en derecho de superficie y convenios individuales entre los Ayuntamientos y el Gobierno de Aragón en los que se encomendará a Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) la gestión de las promociones.
En el primero de los casos, el Gobierno de Aragón establecerá concesiones sobre suelos patrimoniales de titularidad municipal para construir vivienda pública en colaboración público-privada y destinarla al alquiler con opción a compra.
Es decir, los Ayuntamientos ofrecerán suelos de su propiedad, el Departamento de Vivienda los agrupará y los sacará a licitación para adjudicarlos a los promotores, que serán quienes construyan y gestionen las viviendas.
Esta agrupación de solares se hará en función de la conveniencia geográfica de los municipios, configurando lotes de viviendas a construir en base a una determinada proximidad para favorecer el trabajo y la rentabilidad de las promociones.
Octavio López ha hablado de la posibilidad de «promover unas 25 viviendas por municipio y de la agrupación en lotes de entre 100 y 150 viviendas correspondientes a varios municipios cercanos y hacerlo atractivo y rentable para los promotores, fundamentales para llevar a cabo la colaboración público-privada, generando vivienda y riqueza en los municipios».
Dos líneas de actuación
El consejero ha detallado: «Nos gustaría poder configurar los lotes de aquí al mes de septiembre». En el segundo de los casos, los convenios entre el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos, habrá dos líneas de actuación.
Una primera para municipios de entre 8.000 y 20.000 habitantes --capitales de provincia excluidas-- en la que el consistorio aportará el suelo patrimonial y el 50% del coste de ejecución de la obra. Y el Gobierno de Aragón, a través de SVA, aportará el proyecto, la dirección técnica y financiará el 50% restante de la ejecución.
Y una segunda línea para municipios de entre 3.000 y 8.000 habitantes, en la que SVA asumirá el 65% del coste de la obra, el proyecto y la dirección técnica, y el ayuntamiento, el 35%. Una vez finalizada la obra, ambas administraciones recuperarán el capital invertido en número de viviendas, que pondrán a la venta o explotarán en régimen de alquiler.
Durante un periodo de 15 años, el Ejecutivo autonómico concederá ayudas a los beneficiarios de los alquileres para que la cuota mensual se vea reducida, facilitando así el acceso a la vivienda.
Traje a la medida
En rueda de prensa, López ha explicado que el Departamento pretende «hacer un traje a la medida de esos municipios, que necesitan esa construcción de VPO para ser más eficientes, útiles y cercanos a las demandas de los ciudadanos». También se trata de que este producto sea «económicamente operativo y rentable y se acerque a la actividad productiva de la Comunidad».
«Los recursos no son limitados», ha dicho Octavio López, quien ha indicado que el Departamento asistirá a los municipios, a razón de uno por provincia y año, en la construcción de las viviendas, mediante la colaboración público-privada. «Una vez ejecutada la actuación, la Comunidad Autónoma saldrá de la operación para atender otras demandas similares».
El titular del Departamento ha recalcado que «estos programas han de ser flexibles, no pueden ser rígidos» y que la Administración aragonesa quiere «ajustarse como un guante» a las necesidades de vivienda de los municipios. Ha afirmado que «los alquileres van a ser razonables, los aragoneses van a poder ir a productos con alquileres que no les hipotequen su vida».
López se reunirá con cada Ayuntamiento de más de 3.000 habitantes a lo largo de este mes de abril y en mayo, los lotes estarán preparados en septiembre y los pliegos saldrán posteriormente. El consejero ha rehusado, expresamente, dar el número exacto de viviendas a construir.
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